Grafitti en buenos aires mostrando al Juez Griesa y los buitres.

Buitres: el infierno tan temido

Desde la heterodoxia, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico advierte que el acuerdo es “ruinoso”. Mientras, en Comodoro Py, acusan al Ejecutivo y Legislativo de “traición a la patria”.

En vísperas de la votación en Senadores que definirá el futuro endeudamiento de la Argentina –al decidir si se avanza o no con el acuerdo que impulsa el oficialismo con los fondos buitre–, el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) emitió un comunicado que alerta sobre las implicancias, riesgos y consecuencias mediatas e inmediatas.

Para los economistas del organismo que actualmente preside Marisa Duarte, el acuerdo con los bonistas “es ruinoso por varios motivos”. El primero de ellos radica en que se está fomentando la especulación de manera exponencial, ya que la oferta es hacia acreedores que jamás financiaron al Estado argentino, sino que se trata de fondos que “compraron los títulos en los mercados secundarios entre un 25% o 30%” de un capital original de 6.089 millones de dólares. El pago total que haría la Argentina por esta deuda rondaría los 11.684 millones de dólares.

La segunda cuestión “ruinosa” de este acuerdo reside en que, si bien el gobierno sostiene que cumple estrictamente con una sentencia, “de los U$S 6.089 millones de deuda no presentada al canje, los bonos bajo las cláusulas pari passu y los me too suman U$S 3.488 millones (el 57% del total), por lo cual quedan U$S 2.604 (un 43% del total) que están fuera de estas cláusulas y de la sentencia judicial”. “Los acuerdos a los que se llegue con estos últimos bonistas son voluntarios”, advierten desde el IADE. Lo que significa que no están garantizados.

Estos exagerados reconocimientos generan un riesgo importante: juicios por parte de los acreedores que entraron al canje.
Instituto Argentino para el Desarrollo Económico

En tercer lugar, la propuesta establece una serie de privilegios para los buitres más poderosos (NML, Aurelius, Blue Angel y Olifant). Que la Argentina les pagará primero y en el plazo de 45 días, lo que equivale a hacerlo antes del 14 de abril, es decir, previamente al levantamiento de las medidas cautelares. Que el país no solicitará que se levanten esas medidas tramitadas en el juzgado de Thomas Griesa hasta que les pague, las cuales impiden a los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 cobrar lo que deposita el Estado argentino ante cada vencimiento. Que la Argentina no se endeudará para pagar a otros acreedores, y que acepta límites al endeudamiento para el curso ordinario de la operación. Incluso se establece que se les rembolsarán los costos, en especial los legales, por 235 millones de dólares. “Son temas poco conocidos, pero que agravan la sumisión a las exigencias de estos grandes fondos, más allá de los términos monetarios”, explican en el Instituto.

Para el organismo de economistas heterodoxos, “estos exagerados reconocimientos generan un riesgo importante: juicios por parte de los acreedores que entraron al canje”. Esto se debe a que muchos de ellos lo hicieron por la existencia de la llamada Ley Cerrojo, que establecía que no podría haber en el futuro términos ni condiciones financieras mejores que las ofrecidas entonces. “Con la derogación de esta ley, hay espacio para el litigio”, sentencian.

“Por todo lo expuesto, sostenemos que cualquier negociación debe realizarse en respeto de las leyes vigentes y de las normas establecidas en los ‘Principios Básicos para la Reestructuración de Deudas Soberanas’ que proclamó Naciones Unidas”, sentencia el comunicado del IADE. Y finaliza: “La negociación del gobierno de Mauricio Macri y el proyecto de ley que posee media sanción de la Cámara de Diputados están muy lejos de cumplir con los conceptos precedentes y derivarán en un fuerte endeudamiento efectivo, y en un potencial perjuicio de elevadas proporciones”.

Traición a la patria

El comunicado del IADE también alude, y suscribe, a una denuncia penal presentada el 14 de marzo por el Instituto Arturo E. Sampay ante los tribunales de Comodoro Py, “por traición a la Patria en concurso con administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

Para el Instituto Sampay, el riesgo de litigios contra la Argentina que habilitaría este acuerdo es estimado en 384 mil millones de dólares.

La denuncia no se anda con chiquitas, la emprende "contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por su Presidente, ingeniero Mauricio Macri, y contra todo senador y/o diputado nacional que tenga autoría o participación, penalmente responsable, en la delictiva negociación con los fondos buitre, que se intenta aprobar a instancias del juez municipal Thomas Griesa".

Firmada por integrantes de la asociación civil que la impulsa –Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat–, argumenta que “el tema de la deuda no es una cuestión meramente jurídica sino como un concepto más amplio que abarca las consecuencias éticas, sociales, políticas y económicas”. Esas consecuencias no son un intangible. Para el Instituto Sampay, el riesgo de litigios contra la Argentina que habilitaría este acuerdo es estimado en 384 mil millones de dólares.

Deja un comentario