En el Fondo... no es por los jubilados

Ley de Reparación Histórica, blanqueo de capitales y el futuro del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. ¿Un caballo de Troya?

Por María Saavedra y Camila García

Hace pocos días, el Senado de la Nación aprobó el proyecto de Ley de Reparación Histórica que prevé pagar las deudas previsionales a jubilados y pensionados que hayan o no iniciado juicios contra el Estado. Esta deuda incluye a 2 millones y medio de personas que durante años se vieron afectadas por la falta de actualización de sus haberes.

Pero la denominada “ley ómnibus” presentada por el gobierno nacional incluye la financiación de esa deuda mediante el blanqueo de capitales y, en la letra chica, la posibilidad de vender las acciones rentables que conforman el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), si con el blanqueo no alcanzara.

Reparto o capitalización: ¿debate cerrado?

Hablar de capitalización o reparto es hablar del tipo de Estado que se defiende. Con este proyecto, si bien no se habló de privatizarlo, se instaló el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional: ¿pagar la deuda jubilatoria, que asciende a unos 75 mil millones de pesos, implica necesariamente desfinanciar la ANSES?

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política y autor de un minucioso trabajo sobre el FGS y sus implicancias económicas, considera que este es un proyecto que vuelve inviable al sistema a corto plazo: “En términos estrictamente materiales, hay una desfinanciación muy concreta –explica–. Hoy existen cada vez menos aportantes porque con los despidos hay menos salario real. Si a eso le sumamos la devolución a las provincias del 15% de la coparticipación que se destinaba a ANSES, la disminución de la alícuota del Impuesto sobre los Bienes Personales para que deje de existir en tres años, y la disminución del IVA por la caída en las ventas, creo que hay una clara decisión política de que el sistema previsional se vuelva insustentable. De hecho, el proyecto contempla la constitución de un consejo que discuta en el término de dos o tres años la sustentabilidad del sistema”.

Letcher agrega que la Ley de Primer Empleo que se aprobó recientemente agrava el problema, ya que exime a las empresas de pagar los aportes patronales de nuevos empleados menores de 24 años.

Por su parte, el ex viceministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, Emanuel Álvarez Agis, en una charla-debate sobre el sistema previsional argentino, acordó con Letcher y previó un futuro endeble. Según sus dichos, “se pretende que Argentina destine el 11% en vez del 8% de su PBI al pago de jubilaciones y pensiones, mientras que los países más ricos del mundo destinan el 9,5% del PBI en jubilaciones”.

La nueva ley significa, en la práctica, que el Estado asumirá mayores obligaciones con respecto al sistema previsional mientras se reducen sus ingresos. ¿Cómo se pagarán, entonces, estas obligaciones?

Hay que vender el Fondo

En octubre de 2014, el ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual ministro de Producción, Francisco Cabrera, planteó en el Coloquio de IDEA que una forma para “limitar la injerencia del gobierno” en los directorios de las empresas sería “vender las acciones” que están en el FGS. También habló de vender en bloque estas acciones “a fondos de pensión internacionales, que podrían elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de la compañías”. Para Cabrera, el Estado fue muy irresponsable en el manejo del FGS porque utilizó las acciones del fondo para intervenir en las empresas, y eso es peligroso.

“El objetivo de la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados es devolver a sus dueños originales las acciones del FGS porque no quieren acordar sus decisiones con los directores que designó la ANSES. Hay muchos interesados en que ese paquete accionario no quede en manos del Estado, ni siquiera de un Estado en manos de un gobierno amigo”, afirma Letcher.

No es una especulación sin asidero. Cabrera –quien también fue presidente y fundador de Máxima AFJP y propietario del 40% de su paquete accionario, integrante del holding financiero Roberts y HSBC, grupo responsable del lavado de activos a través de 4.040 cuentas en Suiza– lo confirmaba hace poco: “En el mundo, los fondos [de pensión] que ponen directores en las empresas de ninguna manera pretenden defender a un sector, lo que pretenden es que a la empresa le vaya lo mejor posible y obtener potenciales mejores recursos para los pensionados”.

Para entender el problema es preciso comprender qué significan las reuniones de directorio. Allí se aprueban y discuten planes de inversión, políticas de precios, pago de dividendos, adquisición de otras empresas... En pocas palabras: cuestiones centrales para el desarrollo de los grupos empresariales. Cuando hay representantes del Estado presentes en esas reuniones, y con estatus de accionistas, estos conocen y pueden exigir información. Y el empresariado local no acostumbra dar explicaciones.

Los juicios y la venta del FGS

En una carta dirigida a la ex presidenta hace pocos días, Álvarez Agis alertó que “el primer paso para llevar a la quiebra el sistema previsional argentino tiene que ver con la cuestión distributiva que implica que un juez determine qué pagarle a los jubilados. Ellos con sus particulares cálculos dolarizan e indexan las deudas”. El ex funcionario recuerda en su carta el célebre fallo Badaro, que permitió el pago del 579% móvil de las jubilaciones. Así, el beneficiario llegó a cobrar “55 mil pesos por mes cuando el trabajador que lo reemplazó cobraba un sueldo de 9.500”.

Por su parte, Miguel Ángel Pastor, ex gerente de Normalización de ANSES y ex presidente del Centro Interamericano de Seguridad Social, advierte que el solo hecho de que la ley declare la “emergencia en materia de litigiosidad previsional” implica que el Poder Ejecutivo podrá valerse de numerosas estrategias para el pago de deudas previsionales sin necesidad de aprobación y debate en el Poder Legislativo. Incluso podría vender más acciones del FGS que las que autoriza la ley.

En octubre de 2014, el ex ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y actual ministro de Producción, Francisco Cabrera, planteó en el Coloquio de IDEA que una forma para “limitar la injerencia del gobierno” en los directorios de las empresas sería “vender las acciones” que están en el FGS.

En lo que refiere a los beneficiarios, Graciela Iturraspe, sindicalista y ex diputada nacional experta en legislación previsional, recomienda a los jubilados que tienen sentencia firme, unos 50 mil, “hacer que esa sentencia se cumpla y no firmar el acuerdo que propone el gobierno. Porque lo que hicieron los jueces de la Cámara de Seguridad Social para actualizar los haberes es tomar el índice de la construcción que representa el doble del que efectivamente se toma en esta ley. El actual índice surge de una combinación de la recaudación fiscal de aportes y el salario promedio. Y eso supone la mitad del índice de la construcción”. Es decir que, para algunos, la ley no resulta tan “reparatoria”.

El retorno a la política

La Ley de Reparación Histórica vuelve a poner a la política en el centro del debate entre dos formas de Estado: el que incluye al pueblo o el que incluye al individuo. Aquel Estado que hace al pueblo tutelar de derechos, o el que privilegia el esfuerzo personal de los afortunados que tuvieron acceso a oportunidades para el crecimiento individual.

El sistema de jubilaciones en la Argentina se rige por el principio de solidaridad intergeneracional: el 70% de su capital corresponde al aporte de los activos que financian a los pasivos, y el 30% restante se obtiene a través de rentas generales, como las acciones del FGS. Salvo en la década del noventa, cuando se empujó a la gran mayoría de aportantes hacia las AFJP, esta fue la modalidad histórica del sistema nacional.

Con el dinero recaudado se pagan jubilaciones, pensiones y seguridad social. Gracias a este fondo, a partir de la reestatización del sistema, el gobierno anterior contó con los recursos para financiar distintos planes sociales como el Procrear, el Progresar y las asignaciones universales en todas sus variantes. Un potencial vaciamiento los hace peligrar.

Para Iturraspe, la posible insustentabilidad del sistema previsional se acentúa en la medida que arrastra un problema de larga data: solo el 60% de la población económicamente activa está en blanco y aporta. “El 40% restante está en negro, en situación de permanente precariedad laboral –explica la especialista–. En la medida en que no se combata el empleo informal, y así se incrementen los aportes, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad estará firmando su acta de defunción”.

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