Lavado de activos: billetes secandose al sol

La platita sucia se lava en casa

Sbatella, ex titular de la UIF, denuncia el desguace del organismo que fue querellante en la causa Papel Prensa y demandó al HSBC y el Grupo Clarín por lavado de activos.

Por Camila García – Especial para La Hilacha

“Claramente una UIF (Unidad de Información Financiera) con mucha información y capacidad sancionatoria no es funcional a un gobierno que desde que asumió favorece al capital financiero global”. Así explica José “Pepe” Sbatella, responsable de ese organismo hasta diciembre, la razón fundamental por la que el pasado 27 de febrero pasaron a retiro a cien de los 240 empleados con los que contaba.

Públicamente, el pretexto oficial fue, como en los despidos de otras carteras públicas, que se trataba de “ñoquis”. En la práctica, sesenta de los despedidos participaban del programa que permitía congelar los bienes de represores que estaban prófugos; programa que logró la captura de 23 de ellos acusados de delitos financieros vinculados al terrorismo de Estado y delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar.

Mariano Federici, actualmente a cargo de la UIF, presidía hasta hace tres meses la ONG Grano Mostaza cuyos programas se desarrollaban con el financiamiento de varias entidades, entre ellas la del banco HSBC, al que la UIF denunció por la fuga de 3.500 millones de dólares al exterior.

Para la gestión kirchnerista, la UIF fue uno de los bastiones de gestión más difíciles de manejar. Cuando fue creado en 2000, tenía como objetivo prevenir e impedir el lavado de activos proveniente de delitos graves. Pero en 2007 se ampliaron sus funciones y quedó bajo su competencia el análisis de todo el cúmulo de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. También le otorgaron al organismo la posibilidad de constituirse en parte querellante de los procesos judiciales investigados. Todas estas funciones se implementaron efectivamente recién en 2010, acción forzada por las estrictas exigencias y obligaciones sobre el lavado de activos que imponían los estatutos del G20, foro económico internacional de países emergentes del cual la Argentina forma parte.

A partir de la creación de una red pública y privada de sujetos informantes sobre movimientos financieros de grandes carteras de clientes, la UIF logró desentrañar grandes estafas y casos de lavado de activos en la Argentina. Este sistema promueve la judicialización penal a aquellos bancos o entidades financieras que no presenten mensualmente dicha información, y además se le otorgó el poder de policía para que pudiera congelar los fondos y las cuentas de las entidades acusadas sin necesidad de intermediación de un juez. Todas estas competencias estaban siendo auditadas por organismos internacionales.

En el marco de una charla con los vecinos de Caballito organizada por las agrupaciones Frente Unidad Peronista, La Simón Bolívar, el Peronismo Militante y los Cumpas, Sbatella sostuvo que “este sistema debía ser desguasado” por este gobierno, justamente porque las competencias de la UIF estaban comenzando a “detectar amplias irregularidades en empresas fuertemente relacionadas con los fondos buitre y personas acusadas de terrorismo de Estado”.

La UIF además fue querellante en la causa por la adquisición irregular de la empresa Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación durante los años de ejercicio del último gobierno de facto. Durante este proceso judicial, el organismo entonces conducido por Sbatella había solicitado medidas cautelares para el decomiso de bienes que invaliden un posible pago de fianza para atenuar las posibles penalidades judiciales.

A tan solo tres meses de su renuncia, Sbatella ya goza de dos imputaciones: la última fue por usurpar falsamente el cargo de la UIF cuando ya había renunciado, casualmente en la presentación de un escrito el pasado 17 de diciembre sobre la causa de presunto lavado de activos en el marco de la adecuación de la Ley de Medios; y la primera causa tiene que ver con la violación del secreto por la divulgación de información sobre el lavado de activos de empresas tales como el HSBC y el Grupo Clarín.

Sesenta de los despedidos participaban del programa que permitía congelar los bienes de represores que estaban prófugos, y logró la captura de 23 de ellos.

Por su parte, la gestión del presidente Mauricio Macri puso al frente de la UIF a Mariano Federici, quien hasta hace tres meses se había desempeñado en el Departamento Jurídico del FMI y presidía una ONG llamada Grano Mostaza, que ejecutaba programas de desarrollo social y educativo. Estos programas se desarrollaban con el financiamiento de varias entidades, entre ellas la del banco HSBC, al que la UIF denunció por la fuga de 3.500 millones de dólares al exterior. Federici, además, está vinculado al estudio jurídico Juan Félix Marteau, especializado en brindar asesoramiento legal sobre ilícitos financieros nacionales e internacionales a empresas acusadas por estos delitos. Ese estudio es uno de los principales litigantes en contra de la propia UIF.

El listado de personajes del establishment a cargo del organismo continúa: su actual vicepresidenta, Eugenia Talerico, se desempeña en al menos tres causas como abogada del HSBC en lo que respecta a casos de lavado de activos. Por su parte, Celeste Pleé, hija del fiscal Raúl Pleé, estará a cargo del área de fiscalización. Pleé es la abogada representante de todas las causas contra la UIF ejecutadas por el holding empresarial Masventas S.A. que, a la hora de litigar, encubre clientes tales como la banca JP Morgan o el Grupo Clarín.

Los currículums de Federici y Talerico fueron publicados en el Boletín Oficial, pero en ninguno de ellos figura que representaron a empresas que denuncian y demandan al organismo que hoy presiden. La ausencia del dato se explica si tenemos en cuenta que, según lo establecido por ley, las autoridades de la UIF no pueden haberse desempeñado en litigios judiciales que tengan que ver con las competencias del organismo. El que dictaminó la legitimidad de sus perfiles fue Germán Garavano, ministro de Justicia, quien también está vinculado al estudio Marteau –al igual que el fiscal Pleé– a través de la Fundación Finint, entidad que estudia y capacita en “inteligencia financiera”, según su web institucional. Sus nombramientos, a tono con los despidos masivos, abrevan en la teoría de desguace de Sbatella. Algo así como poner al zorro a cuidar las gallinas.

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