¿Porque sube la tarifa del gas?

¿Por qué sube el gas?

Las tarifas aumentan junto al descontento, mientras nos dicen derrochones y malacostumbrados. Enterate dónde se fue nuestro subsidio.

Por Sergio Carpenter* - Especial para La Hilacha**

El gas no sube solamente porque es más liviano que el aire, sube también cuando la democracia es más liviana que el poder económico.

Entre las medidas que el nuevo gobierno argentino ha tomado en estos siete meses de gestión, el aumento en las tarifas energéticas –electricidad y gas– fue la de mayor impacto social. Las subas jaquearon directamente los presupuestos familiares y los de pequeños y medianos empresarios, en tal magnitud que ganaron el centro de la escena política.

Tras candentes protestas de amplios sectores sociales y urgentes gestiones, el 11 de julio tres altos funcionarios anunciaron otra marcha atrás: un techo del 400% al aumento residencial respecto de la factura de igual bimestre del año anterior.

Así, el gobierno nacional cosechó su primer revés político de envergadura, después de que impulsara el aumento tarifario prácticamente sin argumentar sus motivaciones.

En la resolución ministerial se justifica la transferencia de renta de los consumidores a las empresas productoras como una medida “para promover inversiones en exploración y explotación de gas natural a fin de garantizar su abastecimiento y de emitir señales económicas claras y razonables”.

Se trata, entonces, de un esquema de promoción de inversiones para aumentar la producción que no necesita de ninguna meta taxativa, de ningún compromiso empresarial, de ninguna evaluación de proyecto.

Los años de política energética del kirchnerismo y la férrea oposición que esta suscitó lograron instalar ciertos sentidos comunes, amigables con la idea de la necesidad de que la población pagase más por la energía. En este marco, el Estado emitió una señal que, de un lado, obliga a pagar a los 43 millones de argentinos; y del otro, obliga a recibir dichos fondos a las empresas del sector, en particular a las empresas petroleras, que participan de un mercado gasífero controlado del 75% por cuatro empresas, tres de ellas de capital extranjero. El tamaño de la transferencia neta involucrada, según estimaciones, alcanzaría unos 3.500 millones de dólares.

Que hay que invertir, sí. Que hay que ahorrar energía, sí. Que las empresas transportadoras y distribuidoras observaban ciertas tensiones en sus ecuaciones financieras, sí. Que hay que hacer todo esto con la nueva tarifa, ¡no!

Por otra parte, la resolución argumenta que el nuevo cuadro tarifario debe permitir “lograr que en el mediano y largo plazo dichos precios resulten de la libre interacción de la oferta y la demanda”, conforme la ley que estableció el marco regulatorio de la privatización del sector en 1992. Esta aspiración pro mercado del gas resulta una jugosa definición de la estrategia gasífera del nuevo gobierno. La lógica a la que apela se aplicó en el período 1992-2002, hasta que la crisis imposibilitó el ajuste de las tarifas a los precios internacionales impuesto por esa regulación.

Luego, el gobierno kirchnerista cambió el sentido de la política tarifaria, al regular esos precios para el impulso del mercado interno y de la economía nacional. Una opción que también corporizó un clamor que gana cada vez más sentido: la energía ¡no es una mercancía! La energía es –o debería ser– un bien social.

Políticas gasíferas

La cuestión del gas tiene sus complejidades. La Argentina se convirtió en un país gasífero sobre todo luego del descubrimiento del yacimiento Loma La Lata en 1977. Ello provocó una superabundancia que redundó en la transformación de la matriz energética argentina: el gas representaba el 25% de la energía consumida en 1980, mientras que, en 2015, este alcanzó el 52%. El 34% del gas producido va a las usinas termoeléctricas. La generación térmica significa el 63% del sistema eléctrico.

Con las privatizaciones de YPF y Gas del Estado, entre otras empresas del sector energético, el Estado dividió el negocio en tres subsectores: la producción, el transporte y la distribución del gas. Determinó una tarifa inicial elevada y un mecanismo de ajuste de dicha tarifa según la evolución de precios internacionales de la energía. En el transporte y la distribución se crearon monopolios; en la producción de gas se pretendió un imposible: crear un mercado competitivo.

Considerada en su conjunto, la política energética de esa época redundó en una sobreexplotación de los recursos para la exportación. Este esquema duró hasta la crisis de 2001 y la Ley de Emergencia Económica, que evitó los costos sociales que hubieran surgido de ajustar las tarifas al valor del dólar, que cambió en ese entonces bruscamente.

El gobierno kirchnerista estableció un esquema de desacople del precio internacional de la energía respecto de los precios locales, con lo cual consumidores residenciales, la industria y el comercio se vieron beneficiados. Esa política de ingresos indirectos jugó su papel en la recuperación parcial del tejido industrial doméstico perdido en la etapa neoliberal, a doble banda, salario indirecto para las familias y menores costos para los empresarios.

La incorporación de millones de personas a las redes de gas y electricidad, el aumento del 50% en la potencia eléctrica instalada, el aumento del poder de compra de los trabajadores y las tarifas subsidiadas fueron factores que incidieron en el aumento de la demanda de gas durante el período 2003-2015. En este contexto, la política gasífera desarrolló esquemas de subsidios que fueron entonces por dos carriles, el de la oferta y el de la demanda.

Pero así y todo no evitó la caída en la producción gasífera nacional, que alcanzó, en el período 2009-2015, una baja del 12%. Una reducción que se asocia fuertemente al agotamiento paulatino de las reservas de gas, agravado por los estragos de las políticas privatizador-exportadoras; a un mercado productor mayoritariamente en manos del capital extranjero que tiene lógicas propias –y no nacionales– de valorización; y a un Estado que no anticipó el agravamiento del déficit energético, derivado de importaciones crecientes. La cuestión del Estado tiene aquí otro capítulo para el análisis y el aprendizaje.

Energía: bien social o bien mercantil

La política energética que está en marcha lo es solo en el sentido de los mercados, un eufemismo que esconde el retiro de la capacidad regulatoria de la tarifa y de las inversiones por parte del Estado, que entendía la energía como “bien social”, aun reconociendo los problemas que atraviesan al sector. La contracara es el consecuente incremento del poder de las empresas petroleras productoras que exacerban el sentido de la energía como “bien mercantil”. Se impulsa que esas empresas tengan capacidad de imponer sus precios al compás del retiro del Estado y apropien rentas oligopólicas extraordinarias. Se limita así la posibilidad de desarrollo de una estrategia nacional.

Las consignas centrales esgrimidas por el gobierno en justificación del tarifazo han variado, tomado cuerpo en distintos momentos: la “necesidad de inversiones en un sector destruido”, o la “necesidad de ahorrar energía” porque “los argentinos somos muy consumidores” y “hay que terminar con el derroche energético argentino”, o la “necesidad de terminar con la ilusión argentina de la energía barata”. Ninguna de ellas puede justificar la fenomenal transferencia de las familias y empresas hacia quince empresas petroleras, dos transportadoras y nueve distribuidoras.

Que hay que invertir, sí. Que hay que ahorrar energía, sí. Que las empresas transportadoras y distribuidoras observaban ciertas tensiones en sus ecuaciones financieras, sí. Que hay que hacer todo esto con la nueva tarifa, ¡no!

La Argentina es un país con gas. Puede producir gas sin pagar rentas extraordinarias derivadas del ejercicio de poder de mercado. Los precios internacionales tienen dinámicas variables, pero hoy están por debajo de los regulados por el gobierno de Mauricio Macri –previamente a las rectificaciones.

Hay necesidad de otra política gasífera, la de una estrategia nacional de producción e inversión, con tarifas vinculadas a los costos de producción y márgenes empresariales razonables, con incentivos al uso eficiente de la energía y subsidios equitativos social y territorialmente. Pero, además, es imprescindible tener una estrategia respecto de la matriz energética argentina. Nada más, ¡ni nada menos!

 

* Economista del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE)
** Versión periodística del trabajo académico publicado en el IADE.

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