Me apena este vaciamiento porque estos juicios siguen en curso y el rompecabezas de la verdad histórica del terrorismo de Estado constituye un proceso complejo que no está acabado

Al rompecabezas de la verdad le faltan piezas

Cuando aquel mediodía de 1976 unos desconocidos golpearon a la puerta de sus abuelos, esta historiadora no sabía que comenzaba una lucha de 40 años

Por Alejandra Álvarez García* - Especial para La Hilacha

Era un sábado cálido de viento norte en San Salvador de Jujuy, un viento característico de agosto, malo para las alergias y la hipertensión. Aquel 21 de agosto de 1976, mis padres Julio e Inés estaban en la casa de mis abuelos paternos. Habían llegado un rato antes desde Libertador General San Martín para celebrar en un almuerzo familiar el cumpleaños número 3 de mi hermana Mariana.

Al mediodía, un golpe seco en la puerta interrumpió el convite familiar. Mi abuelo Horacio salió a atender, había dos desconocidos en la puerta que preguntaban por Julio. Uno de ellos tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla. A los pocos segundos, un estampido de patadas y golpes en la puerta dio inicio al operativo de secuestro y desaparición de mi papá.

Por contactos familiares cercanos al gobierno provincial, mi familia se enteró inmediatamente de que el secuestrador de la cara cortada era el teniente Rafael Mariano Braga. Darnos el dato sobre la participación de Braga en el secuestro le costaría a Ulises Orellana, un cuñado de mi abuelo, una detención temporaria y un apriete.

A partir de ese año, mi mamá, como tantos otros familiares, empezó una larga lucha en la que no dejó de denunciar a Braga en todas las oportunidades en las que pudo dar su testimonio. Así es como depositó sus esperanzas en la Conadep, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también siguió el Juicio a las Juntas. Esperanzas que se desplomaron con las leyes de impunidad que dictó Alfonsín, y luego con los infames decretos de indulto de Menem.

Como un fantasma, el represor Braga reapareció en nuestra historia familiar en 1999: durante los últimos días del gobierno menemista, su pliego de ascenso había llegado al Senado de la Nación. Afortunadamente, sus posibilidades quedaron anuladas porque el Senado conoció las denuncias interpuestas en su contra por violaciones a los derechos humanos. Estas denuncias no eran solo por el caso de mi papá, sino también por la participación del represor en operativos de secuestros como jefe de grupos de tareas en Jujuy.

Braga respondió mandando un sinfín de cartas a mis familiares donde sostenía que era “inocente” y que le estábamos ocasionando un perjuicio en su carrera militar.

La repulsión de estar cerca de Braga no podía disminuir el sentimiento de que la Justicia nos amparaba por primera vez.

Las denuncias archivadas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico-militar darían un giro de 90 grados –no, incluso de 180– a partir de 2003. El entonces presidente Néstor Kirchner decidió encarar una nueva política de derechos humanos, cuya prioridad era impulsar un rol activo del Estado para terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura. El acto simbólico de ese compromiso trascendental fue descolgar los cuadros de los genocidas de la ESMA y el pedido de perdón oficial del Estado a las víctimas.

La anulación y la posterior declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final abrieron la histórica posibilidad de encarar la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, como asimismo iniciar nuevas investigaciones judiciales sobre lo acontecido en esa etapa oscura.

Fue una gran victoria para las organizaciones de derechos humanos y, en nuestro caso personal, el renacer de la esperanza de que la Justicia actuara tras décadas de impunidad.

Finalmente, luego de idas y vueltas en un proceso difícil que llevó años, la causa judicial por el secuestro y la desaparición de mi papá se elevó a juicio oral. En una unificación del proceso, el expediente se acumuló junto a los casos emblemáticos de Avelino Alarcón, Luis Aredez, Paulino Galean y Reynaldo Aragón. Fue el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy.

Nunca voy olvidar el momento en que vi al genocida Braga sentado en el banquillo de los acusados. Llamativamente, llevaba puestos unos anteojos de sol oscuros que le bloqueaban la mirada y una venda que le cubría una parte de la mejilla.

La presencia de este personaje en la sala de audiencias fue una situación emocionalmente tensa, pero a la vez me invadió un sentimiento reparador. La repulsión de estar cerca de Braga no podía disminuir el sentimiento de que la Justicia nos amparaba por primera vez.

El 2 de julio de 2013, el Tribunal Oral de Jujuy condenó a prisión perpetua a Rafael Mariano Braga por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad y homicidio. Los represores José Eduardo Bulgheroni y Antonio Orlando Vargas, imputados por los casos mencionados, también recibieron condenas. Fue un momento muy movilizador, que nos encontró en un abrazo fundido con todos los compañeros y compañeras que estaban esperando con ansias el veredicto.

Han transcurrido casi tres años de la conclusión de aquel juicio, otros cuarenta de aquel 24 de marzo y, honestamente, con la llegada del nuevo gobierno, empiezo a sentir incertidumbre. Me aterra el comienzo de un proceso de desmantelamiento de las políticas de derechos humanos. Me asusta la política sistemática de despidos en áreas claves como el Programa Verdad y Justicia, un espacio institucional que se creó para el seguimiento de los juicios.

Me apena este vaciamiento porque estos juicios siguen en curso y el rompecabezas de la verdad histórica del terrorismo de Estado constituye un proceso complejo que no está acabado. Todavía hay víctimas por testimoniar y cuerpos por identificar en fosas clandestinas. Hay nietos y nietas apropiados por los represores a los cuales el Estado tiene el deber de restituir sus identidades.

Los enormes logros obtenidos en este proceso son fundamentalmente posibles porque el Estado argentino se comprometió a asegurar los mecanismos institucionales y los recursos a tal efecto. Asimismo, la voluntad política de un Estado democrático con vocación de derechos humanos fue, en gran parte, producto de la persistencia de una construcción colectiva liderada por el movimiento de derechos humanos. Por eso hemos podido avanzar a pasos agigantados en el largo camino de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Me apena este vaciamiento porque estos juicios siguen en curso y el rompecabezas de la verdad histórica del terrorismo de Estado constituye un proceso complejo que no está acabado

Hoy creo, más que nunca, que debemos mantenernos alertas y seguir apoyando de manera firme este proceso para contrarrestrar los intentos que pretenden deslegitimar nuestra lucha. La lucha de mi mamá Inés, por ejemplo –compañera de Julio Rolando Álvarez García–, quien declaró e identificó a Braga ante la Justicia y a la que le dediqué, entonces, este poema.

Para Inés

Amplia, henchida, sobrevolando la espera y el tiempo
Extendida…
Quiero fundirme en esa marea de luz que proyectan las luciérnagas
Estaré lista para emprender el vuelo.


 

* Historiadora e investigadora de los juicios por delitos de lesa humanidad.

Fe de erratas: en una versión anterior de este artículo se sugirió incorrectamente que el teniente Rafael Mariano Braga había sido detenido en 1976. Esto ha sido corregido en la versión actual.

Deja un comentario