Al final no era una fiesta

La economista Fernanda Vallejos releva los primeros días de gobierno neoliberal a través del peor de los indicadores: el dolor humano.

Por Fernanda Vallejos*

En el marco del levantamiento de la cautelar impuesta por tribunales estadounidenses, luego de la aprobación del pago que beneficia a los fondos buitre con ganancias que alcanzan hasta el 1900% y abre la puerta a un nuevo ciclo de sobreendeudamiento, los medios nacionales no hablaban, claro, de las funestas consecuencias de esa política decidida por el gobierno de Mauricio Macri. Ni mencionaban la historia trágica que acumula nuestro país tras cada ciclo de endeudamiento, el último de los cuales terminó desembocando en la crisis de 2001. Menos explicaban que los dueños de esos papeles, que cotizan en bolsa y que especulan eufóricos por los negocios que podrían realizar a partir de este nuevo ciclo de deuda, forman parte del 10% más rico de la población, cuyos intereses y negocios están en las antípodas de los de la enorme mayoría de argentinos, a cuya cuenta –y la de nuestros hijos y nietos– se cargarán los costos del “festejo”.

Tampoco contaban, los principales medios nacionales, otros hechos que se sucedieron en nuestro país por estos mismos días. Si bien parecería que, siendo una economista quien suscribe, estaría, más bien, llamada a analizar la evolución de la bolsa, cabe preguntarse ¿qué clase de ciencia humana podría ser esta si no es justamente aquella en la que el ser humano aparece en el centro de sus esfuerzos y preocupaciones? Todo análisis económico queda desprovisto de sentido si perdemos la dimensión humana de los asuntos que nos ocupan. Más, si perdemos la sensibilidad frente al dolor del otro, porque es ese, y ningún otro, nuestro leit motiv. De eso trata esta crónica. De hombres y mujeres. De argentinos. De vidas que son irrecuperables. Y de los responsables de esas pérdidas que los economistas no podemos cuantificar, pero de las que todos estamos obligados a honrar, manteniéndolos vivos en nuestra memoria y en el reclamo inclaudicable de justicia.

16 de abril

El Estado porteño estuvo completamente ausente, ausente no por pura negligencia sino por privilegio de los negocios privados que se produjeron por sobre la vida de los jóvenes que asistieron a esa fiesta.

Francisco Bertotti, Bruno Boni, Nicolás Becerra, Martín Nazano y Andrés Valdez murieron en una fiesta electrónica en Costa Salguero. Charo Suárez y otros cinco jóvenes permanecían internados. Todos ellos fueron víctimas del consumo de drogas que atentaron contra sus vidas. Una mirada liberal y ligera de los hechos podría hacernos caer en la trampa de culpabilizar a los padres que “deberían haber educado a sus hijos sobre los riesgos del consumo de esas sustancias”. Sin embargo, si miramos un poco más profundo, debemos notar que vivimos en una comunidad organizada bajo el amparo de un contrato social, cristalizado en un Estado de derecho. Por eso, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, que gobierna el PRO con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, tiene bajo su responsabilidad el control sobre este tipo de fiestas y lo que allí dentro sucede. El Estado porteño estuvo completamente ausente, ausente no por pura negligencia sino por privilegio de los negocios privados que se produjeron por sobre la vida de los jóvenes que asistieron a esa fiesta. Es que la propiedad de Centro Costa Salguero S.A., uno de los subconcesionarios que explota los cinco pabellones del Centro de Exposiciones, pertenece a una legisladora porteña del partido de gobierno (Carmen Polledo, PRO), quien a su vez oficia como vicepresidenta segunda de la Legislatura de la Ciudad. Se conoció, además, que el canon que la firma concesionaria paga por la utilización de todo el predio que pertenece a la Ciudad asciende a la irrisoria cifra de 263.576 pesos mensuales. Son aproximadamente 17 hectáreas donde existen 23 subconcesionarios que explotan distintos emprendimientos. El gobierno cobra 1,5 pesos mensuales por metro cuadrado, cien veces menos que el valor de mercado en la zona más cercana donde el precio va desde 160 a 250 pesos. La legisladora y su esposo, que figura como director de Costa Salguero S.A., son titulares, además, de una sociedad off shore que opera desde hace 27 años evadiendo al fisco. Se conjugan, peligrosamente, dos dimensiones del pensamiento y la práctica liberal doméstica: el desprecio por la función reguladora del Estado sobre los negocios privados y la sustracción, mediante la evasión y otras prácticas, de los recursos que este requiere para el ejercicio efectivo de sus funciones.

14 de abril

Esteban Latorre tenía 41 años y una hija de 6, y desde hacía siete trabajaba en la Biblioteca Nacional. Fue uno de los 240 despedidos. En enero había sido operado por una afección cardíaca que no importó a las nuevas autoridades a la hora de dejarlo sin trabajo. El despido le costó la vida. Aunque lo reincorporaron –tras presentarse con los antecedentes médicos–, no pudo superar la angustia por la situación y murió. Lo ocurrido en la Biblioteca Nacional no solo pone al descubierto el desprecio por el valor del trabajo que aparece, para el gobierno de Cambiemos, como un mero costo en la ecuación de producción de las empresas, o un gasto que hay que reducir en el caso del Estado. También devela el desprecio por la cultura como bien social. Lo más trágico, el valor de la vida que se declama, no se plasma en la práctica con el mismo empeño con que se defiende el afán de lucro.

Biblioteca Nacional protestas

 12 de abril

Melisa Bogarín tenía 30 años, trabajaba desde hacía ocho en el programa Pro-Huerta, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en Chaco. Sufría por la finalización de su contrato de trabajo que había sido renovado por apenas tres meses y llegaba a su final, al igual que los de otros 232 trabajadores del programa en todo el país. Mientras explicaba su situación en una asamblea de trabajadores, se descompuso y falleció cuando era trasladada al hospital. Su marido, con quien tenía una hija de un año, había sido despedido también de Agricultura Familiar de la Nación. “El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte”, expresó Marcelo Gisande, compañero de trabajo y amigo de la familia de Melisa. La pérdida de una vida humana aparece apenas como un daño colateral de la política de disciplinamiento sobre los trabajadores. Se trata de un disciplinamiento en doble sentido. Por una parte, porque el gobierno de Cambiemos, mientras ha implementado un paquete de medidas altamente inflacionario –devaluación, eliminación y reducción de retenciones, tarifazo generalizado, encarecimiento del crédito– aspira a morigerar la dinámica inflacionaria –que, anualizada, trepa al 60%– mediante el debilitamiento de la capacidad negociadora de los trabajadores por efecto de los despidos que ya alcanzan, entre el sector público y privado, los 130 mil. Así, los beneficios del poder económico ganan terreno frente a los salarios, con un nuevo esquema de “precios relativos”, donde los trabajadores, como señaló Alfonso Prat Gay, deben elegir entre conservar el empleo o la capacidad de compra de sus ingresos.

El proyecto de gobierno encarnado por Mauricio Macri no es solo un gobierno de ajuste, de devaluación, de tarifazos, de despidos. Es un gobierno de muerte.

La segunda parte de la lógica disciplinadora busca reprimir la conciencia social y política de los asalariados estigmatizando la organización colectiva, el compromiso político y la solidaridad de clase como la “grasa de la militancia”. Si tenemos en cuenta que el salario promedio de un trabajador público se ubica en torno de los 11 mil pesos mensuales (132 mil pesos anuales) y según el propio Gobierno se despidieron a algo más de 10 mil trabajadores, el Estado dejaría de afrontar, en concepto de salarios, unos 1.333 millones de pesos. Se trata de una auténtica “campaña del miedo”. Ni siquiera la remanida cantinela de reducción del déficit fiscal puede justificar, habida cuenta de los montos involucrados, la política de despidos que el gobierno ha encarado, en tanto el supuesto “ahorro” en salarios representa apenas el 1,11% de lo que el Estado ha resignado al decidir la enorme transferencia de ingresos hacia los sectores exportadores mediante la eliminación de retenciones en un monto que oscila los 120 mil millones de pesos.

10 de abril

El gremio SOEME, que agrupa a los auxiliares docentes, presentó una denuncia penal por homicidio culposo contra la gobernadora y los responsables del despojo salarial de Yolanda.

Yolanda Mercedes, de 60 años, trabajaba como auxiliar docente en la escuela especial 506 de Mar del Plata, donde perdió la vida. Se descompensó tras comprobar que le habían descontado 6 mil pesos de su salario y que en su cuenta solo había 40. Esto sucedió por decisión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de descontar a los trabajadores los días en que habían ejercido su derecho al paro en reclamo de mejoras laborales y salariales. Por este trágico hecho, el gremio SOEME, que agrupa a los auxiliares docentes, presentó una denuncia penal por homicidio culposo contra la gobernadora y los responsables del despojo salarial de Yolanda, que afecta a otros 65 mil trabajadores auxiliares de la educación de la provincia, con deducciones compulsivas de hasta 80% de los haberes. “Te lo debo porque no… no estoy en tema” fue la respuesta que brindó Mauricio Macri ante la pregunta de un periodista sobre la muerte de Yolanda y la denuncia contra Vidal.

Descarnadamente, Macri ponía en evidencia el ordenamiento moral del liberalismo: la propiedad privada se impone sobre la vida humana, en una lógica que legitima el desempleo y la reducción de los salarios de los trabajadores, y privilegia a los sectores del poder económico concentrado, como el agroexportador, las mineras o las industrias exportadoras multinacionales; o al sector financiero, con enormes ganancias por cambio de cotización tras la maxidevaluación y los más de 160 mil millones de pesos que el Estado deberá pagar para afrontar el déficit cuasi fiscal que el Banco Central de la República Argentina, conducido por Federico Sturzenegger, ha provocado con su política de tasas altas, emitiendo títulos LEBACS al 38%.

¿Qué pasaría, frente a esta realidad, si los economistas calculáramos, en lugar de otros indicadores, un índice de “dolor humano”? ¿Qué valores arrojaría un indicador de estas características a la hora de ponderar, en solo 120 días, un millón y medio de nuevos pobres, medio millón de nuevos indigentes, 130 mil nuevos desocupados y ocho muertos?
Despidos_estatales

Pero, además, ¿qué valores deberíamos proyectar para el futuro cercano? El Ejecutivo provincial, en manos de María Eugenia Vidal, envió a las escuelas del Conurbano un “menú de emergencia” en el que solicitan comprar arroz y fideos en lugar de carne, pollo o frutas para los chicos. El recortado menú “está argumentado en las estampidas de precios de los últimos meses y, por otro lado, sustentado en el ajuste provincial que garantiza el negocio para los proveedores, sin ningún tipo de ajuste sobre sus ganancias”, señaló un referente de ATE. Los gremios docentes calculan que el ajuste sobre el menú de los niños llega hasta el 40%, mientras que en algunos distritos las instituciones educativas sufrieron recortes en los cupos de los comedores de hasta cuatro mil raciones. Cuatro mil cupos menos, o 40% de ajuste sobre los menúes que consumen los niños de la provincia, podrían parecer apenas números. Pero es mucho más. Se trata de niños mal alimentados, en peores condiciones para incorporar los contenidos curriculares, con sistemas inmunológicos más débiles y, por ende, más vulnerables a contraer enfermedades. Miles de niños a los que el Estado les niega, desde la partida, la igualdad de oportunidades que merecen. Miles de niños que, muy probablemente, ya han sufrido pérdidas en la calidad alimentaria en sus casas, por el impacto combinado del 60% de inflación anualizada y salarios congelados. Miles de niños que, tal vez, sean solo un número para la gobernadora bonaerense o, quizás, mano de obra poco calificada y mal remunerada del futuro para sus empleadores, cuyos intereses Vidal representa. Miles de niños que pueden ser mi hijo o el suyo, a los que el Estado tiene el deber de garantizar su derecho a gozar de igualdad en relación con aquellos otros que provienen de familias ricas.

¿Qué pasaría, frente a esta realidad, si los economistas calculáramos, en lugar de otros indicadores, un índice de “dolor humano”? ¿Qué valores arrojaría un indicador de estas características a la hora de ponderar, en solo 120 días, un millón y medio de nuevos pobres, medio millón de nuevos indigentes, 130 mil nuevos desocupados y ocho muertos?

Los más viejos tampoco son privilegiados por las políticas neoliberales. El PAMI redujo la lista de medicamentos que se proveen “por razones sociales”, los cuales eran gratuitos para los afiliados y que ahora solo tendrán un descuento del 50% u 80%, según el caso. Entre ellos se encuentran varios antibióticos, drogas para la hipertensión, anticoagulantes, antiinflamatorios, antialérgicos y antiartrósicos. Esta política impactará en el bolsillo de los jubilados y significará ahora una pérdida adicional sobre sus ingresos reales que ya fueron afectados por la inflación. La inflación sobre la canasta básica de los jubilados, según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, trepó el 28% con relación a noviembre de 2015, y superó así el incremento del 15% sobre sus haberes.

Por Francisco Bertotti, Bruno Boni, Nicolás Becerra, Martín Nazano, Andrés Valdez, Estaban Latorre, Melisa Bogarín y Yolanda Mercedes. Por nuestros niños. Por nuestros viejos. Por todos nosotros. Por nuestra Patria. Por el futuro. Nunca más, argentinos. Nunca más a esta política. Esta política mata.

 

 

* Economista y docente universitaria.

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