Milagro Sala

Se presume culpable

Lo que se teje alrededor de la detención de Milagro Sala. Una trama compleja de poder político y económico, y de cuentas pendientes.

Por Gladys Stagno

El inspector dejó la caja de fósforos sobre la mesa.

–Estos señores que están aquí y yo desempeñamos un papel puramente accesorio en este asunto, ya que no sabemos casi nada de él []. Tampoco puedo decir que está usted acusado, o mejor dicho, no sé si lo está. La verdad es que está detenido y yo no sé más.

Este fragmento del primer capítulo de El proceso, la novela póstuma de Franz Kafka, resume el comienzo de la odisea de Josef K., un hombre que una mañana es arrestado sin explicaciones. Y más o menos también sintetiza el derrotero que la dirigente social Milagro Sala, detenida el 16 de enero pasado, ha recorrido hasta aquí.

La analogía no es casual ni creativa. Josef K. no sabe por qué es apresado. Sala lo sabe a medias, porque a estas alturas acumula 60 demandas penales, dos expedientes y ningún juicio.


El primer expediente está caratulado como “instigación a cometer delito” y se refiere al entorpecimiento de la circulación que provocó el acampe de la Tupac Amaru, organización que ella lidera. La protesta se llevó adelante desde principios de diciembre en la Plaza Belgrano de la capital jujeña, en rechazo a un decreto provincial del recién asumido gobernador Gerardo Morales, que estableció el Plan de Regularización y Transparencia de Cooperativas y Beneficios Sociales. El segundo la acusa de “tumulto”, que sería algo así como no aceptar el cumplimiento de normas, en este caso la norma se refiere a ese mismo decreto.

Ella ya tiene resuelto el cese de detención, pero continúa detenida, porque el día que la notifican del cese de detención por el primer expediente, el mismo juez y la misma fiscalía ordenan nuevamente la detención media hora después, al imputarla por asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión”. La explicación es de Luis Paz, abogado de la Tupac Amaru y representante de Sala en ambos expedientes.

La situación de la dirigente abunda en zonas oscuras. Aun soslayando el argumento que Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales esgrimieron frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su defensa –el cual sostiene que se están utilizando en su contra figuras penales que apuntan a “criminalizar la protesta con imputaciones vagas”– los juristas a cargo de la causa de Sala hacen una interpretación bastante singular del Código Procesal de la provincia. “Se ha llevado adelante una detención sin pruebas. Se ha detenido primero y después se le ha dado el derecho a que se defienda, lo que es totalmente contrario a un debido proceso”, denuncia Daniel Segovia, abogado y presidente del Consejo Nacional de Política Indígena. Por otro lado, y según explica Paz, “en ningún caso, ni por costumbre ni históricamente, hemos tenido compañeros detenidos por más de 48 horas por los delitos que se le endilgan”. Milagro Sala, al cierre de esta nota, ya lleva unas 1.372 horas en prisión.

A disposición del Poder Ejecutivo

Rosario Dassen, socióloga, docente y coordinadora de las cinco carreras terciarias que se dictan dentro de la Tupac Amaru, relata la forma en que se sucedieron los hechos: “La alarma comienza cuando no se renuevan los convenios con las cooperativas de construcción de vivienda y obra pública, que estructuran la organización en Jujuy. A raíz de que el nuevo gobierno no garantiza esto, se hace un acampe; y a raíz del acampe comienza la persecución política con nuestra dirigente, terminando en este festival de aberraciones, en este secuestro legal. Es la presa política del gobierno de Gerardo Morales”.

Dassen no es la única que insinúa motivaciones extrajudiciales. “¿Por qué es una presa política? Porque fue detenida en forma ilegal, arbitraria, en contra de los elementales derechos que nos asisten, porque el gobierno quería que se levante el acampe, un derecho humano a la protesta social –ratifica Inés Peña, referente de derechos humanos en Jujuy–. El propio Morales dijo en entrevistas que no va a disponer la libertad de Milagro en tanto no se levante el acampe, asumiendo que tiene la potestad de determinarlo”.

Los entretelones de su arresto fundamentan las sospechas. Sala fue detenida de madrugada por orden del juez Raúl Gutiérrez, tras un pedido emitido por la fiscal Liliana Fernández de Montiel el 15 de enero a las 21.40. En contra del protocolo, la ejecución de la orden judicial no la realizó ni el juez, ni el secretario del juzgado, ni la Policía, que es el órgano administrativo para llevar adelante las medidas judiciales. La orden fue ejecutada por el Poder Ejecutivo provincial, a través del ministro de Seguridad de Morales, Ekel Meyer, y del secretario de Seguridad provincial, el ex coronel Guillermo Siri, funcionario acusado de haber integrado un consejo de guerra que juzgaba a los detenidos políticos durante la última dictadura bajo órdenes de Benjamín Menéndez.

Como agravante, se han pasado por alto los fueros que protegen a la dirigente social desde su elección como diputada en el Parlasur por el Frente Unidos y Organizados, en octubre pasado. Para arrestarla debió llevarse adelante un proceso de desafuero que no existió, como denunció su par Jorge Taiana, quien pidió informes sobre la situación procesal de Sala a la canciller Susana Malcorra. La Cancillería le respondió a través de un comunicado. En él afirmó no tener “injerencia en las cuestiones vinculadas a los delitos que se le imputan a la mencionada dirigente política”.

Entretanto, la diputada electa fue trasladada de la Comisaría de la Mujer a la Unidad Penal de Mujeres Nº 3 del barrio Alto Comedero, en el acceso sur de San Salvador, con régimen de presa común: la puede visitar la familia, dos veces a la semana.

Corte adicta

El señor juez de instrucción ha hecho a algunos de ustedes una seña secreta. Por lo cual deduzco que entre ustedes hay gente a quienes dirige desde aquí []. Me es totalmente indiferente y permito al señor juez de instrucción dar sus órdenes en voz alta a sus empleados asalariados, en vez de utilizar señales secretas. Bastará con decirles: ahora silben, ahora aplaudan.

En su primera citación al juzgado, Josef K. denuncia la falta de transparencia del tribunal que lleva adelante su proceso. En el caso de Sala, los que denuncian el absurdo kafkiano son otros.

Durante la primera semana de su gobierno, Morales amplió de cinco a nueve los miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano máximo del Poder Judicial jujeño. De ellos, “dos se autovotaron para la ampliación, dos horas después renunciaban como diputados provinciales, y al día siguiente juraron como miembros”, relata Paz. Y agrega: “Tienen armado un sistema de selección de jueces, con un plazo de seis meses para concursos y para presentación de antecedentes. Y en estos seis meses están poniendo solamente los vinculados al Partido Radical o a la familia radical”.

En la nueva conformación del TSJ jujeño, la presidencia quedó a cargo de la ex diputada de la UCR Clara Falcone, cuyo yerno es el también magistrado (y también radical) Gastón Mercau. El asunto se vuelve turbio hasta para el menos conspirativo cuando, luego de que el juez Gutiérrez ordenara la detención de Sala, aquel alega problemas de salud y se retira de la actividad por el resto del mes. El expediente de la dirigente social recaló, entonces, en el juzgado de Mercau.

“Es muy complicado que seas juzgada por los familiares de la persona que te odia. Esa es la situación de Milagro Sala: está siendo juzgada por los familiares de Gerardo Morales, la familia de la Unión Cívica Radical. No hay transparencia, no existe idoneidad para juzgar”, se queja Segovia.

Esta presunta animosidad por parte del gobierno provincial no sería gratuita. Desde la Tupac sostienen que el enfrentamiento tiene dos motivos claros y públicos, que van más allá de Morales. El primero radica en la solidaridad y el trabajo conjunto de la dirigente con los organismos de derechos humanos jujeños para lograr que los juicios por delitos de lesa humanidad cambiaran de juzgado y avanzaran por primera vez. Gracias a ello, fueron procesados el dueño del Ingenio Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, y su ex administrador general, Alberto Lemos. La segunda razón es todavía más concreta: la prosperidad de las cooperativas jujeñas, con la Tupac Amaru a la cabeza, le ha quitado mano de obra a la cosecha de la caña de azúcar. “Blaquier ha sido procesado gracias a la lucha de la clase trabajadora y de los movimientos sociales organizados, y la cara visible de toda esta lucha es Milagro Sala. Por lo tanto creemos que es el verdadero poder en la provincia de Jujuy, manifestado a través de las corporaciones, no solo mediáticas y políticas, sino que el poder económico es el que la tiene detenida a Milagro”, resumió Paz.

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