Adiós a las urnas

En una carrera contrarreloj para la implementación del voto electrónico, Alejandro Tullio minimiza temores pero visibiliza los riesgos.

Por Camila Rocío García

No hay duda de que el PRO es el primer interesado en apurar la votación de la ley que habilita el voto electrónico, y cada día mete nuevas fichas a una jugada que promete vender como uno de los grandes logros de su gestión. Pero en el Senado se muestran reticentes al proyecto e intentarán introducir una serie de cambios que pueden estirar aún más los tiempos de cara al próximo año electoral.

Alejandro Tullio, ex titular de la Dirección Nacional Electoral, funcionario radical, y uno de los nombres con más experiencia en la materia, cree que el Gobierno Nacional ya tomó la decisión de implementar el voto electrónico y que, por lo tanto, esta medida va a aprobarse tarde o temprano, con mayor o menor nivel de diálogo. “El cambio es irreversible”, dictamina. Pero es un cambio que conlleva riesgos...

-¿Qué viene a resolver el sistema automatizado de votación?

-El sistema de votación actual tiene dos problemas: por un lado, el Estado no está en condiciones de garantizar la oferta electoral integral de cada uno de los 95 mil cuartos oscuros en los más de 15 mil establecimientos de votación en todo el territorio nacional. La logística de las boletas partidarias corresponde a los partidos políticos y sería casi imposible proveerlas de otra manera si no es a través de ellos. Por eso estas complicaciones no solo perjudican al partido sino que, sobre todo, perjudican al ciudadano cuando entra al cuarto oscuro y no encuentra el candidato que quiere votar. Frente a este problema, las soluciones son dos: la boleta única de papel en cualquiera de sus modalidades, o una modalidad electrónica que también hace de boleta única partidaria. Hoy el gobierno optó por dar el salto cualitativo con el voto electrónico.

El otro problema que tiene el sistema son las inconsistencias que se observan en la transcripción de datos en las actas, en los telegramas y en los certificados de escrutinio. En estos casos suele haber un porcentaje de errores humanos que, si bien no llegan a alterar los números finales de una elección, son un riesgo. Y la sola existencia de ese riesgo requiere algún tipo de acción para remediarlo y minimizarlo.

Ningún sistema manual o electrónico elimina definitivamente los riesgos, por eso a veces suena irónico que les exijamos a los sistemas electrónicos la seguridad que no tienen los sistemas que estamos reemplazando.

-¿Y qué riesgos hay en el sistema que propone el Gobierno actual?

-En primer lugar, el proyecto de ley es lo suficientemente abierto como para no imponer solo una tecnología. Hay varias tecnologías que podrían ser aplicadas con el texto actual de la ley: una es la que se usó en Salta, otras son similares en sus prestaciones pero tienen menos vulnerabilidades porque reemplazan el registro de un chip de radiofrecuencia, por ejemplo, por una marca gráfica de lectura universalizada como puede ser un código de lectura QR o la propia lectura inteligente del texto. Hay métodos con más y con menos vulnerabilidad. La ley permite la aplicación de cualquier sistema. Por lo tanto, criticar a la ley por la hipotética aplicación de un sistema es un error y en este sentido hay que basarse en los textos, no en las intenciones. Después se verán las intenciones cuando llegue el momento de la aplicación.

-¿Qué se necesita para garantizar el buen funcionamiento de este sistema?

-La implementación de una solución de estas características tiene requisitos propios tecnológicos, pero fundamentalmente tiene requisitos institucionales que no se ven ni en la ley ni en la realidad que nos circunda. Largarse a un proceso de modernización de estas características sin la infraestructura tecnológica de control en cabeza de la Justicia Electoral es peligroso.

Para implementar el sistema se necesita controlar en forma previa el diseño del software, examinar que no haya programas maliciosos, asegurar que los programas de aplicación se hagan en sede judicial bajo la garantía que la Justicia otorga y, por supuesto, la implementación de un control posterior aleatorio, eligiendo un 5 o un 2% de urnas al azar, recontando manualmente los votos y comparando esos datos con los resultados electrónicos. Creo que si el sistema se implementa de esa manera, tenemos un entorno que aseguraría controles suficientes.

-¿Cuál sería el mayor riesgo de implementarlo de forma apresurada?

-Que el voto electrónico se implemente en un entorno sin control o con instituciones que no tengan capacidad para ejercerlo. Esa capacidad de control no es fácil de desarrollar y por eso es que en las reuniones de comisión de la Cámara de Diputados propuse la gradualidad de la implementación. Si somos realistas, debemos admitir que, si bien el voto electrónico fracasó en muchos países que lo implementaron, en los pocos países en los que tuvo éxito esa implementación fue gradual.

-¿Por qué la mayoría de los países utilizan el sistema antiguo?

-Nuestro sistema electoral actual está terminado, es un sistema que persiste desde 1869. La mayoría de los países no cambian el sistema porque es carísimo y porque además tienen un nivel de desarrollo electoral inferior al nuestro. Nosotros fuimos el primer país del mundo en tener una ley electoral y eso nos hace uno de los países más avanzados del mundo en materia electoral. Gran Bretaña tiene ley electoral hace poquito. En Estados Unidos no hay ley ni justicia electoral, cualquier juez tiene competencia electoral, incluso los jueces de paz. Por eso el día de las elecciones, uno de los gastos más grandes es en abogados que se trasladan de un Estado a otro ya que pueden haber veinte mil o treinta mil amparos para parar las elecciones. Es así la democracia americana.

-¿Qué le falta al proyecto de ley que se está debatiendo en el Senado?

-No está siendo lo suficientemente claro respecto de cuáles van a ser los recursos que la Justicia va a tener para implementar el complejo entramado de auditoría que requiere el sistema. Están especificadas sus atribuciones pero no los recursos con los que cuentan para cumplir esa norma.

-¿Estamos a tiempo de que se promulgue la ley y se pueda implementar el sistema el año que viene?

-Estamos muy justos. La ley tendría que haber salido un año antes de la oficialización de las listas que eran en junio de 2017. El PRO mandó el proyecto en junio y tendría que haberlo enviado en marzo. Es tiempo de descuento.

Deja un comentario