Protesta en Tierra del fuego

Crónica de una Tierra en llamas

Un brutal ajuste impositivo y de recorte de derechos sacude a la provincia más austral del país.

Por Valentín Merolli - Especial para La Hilacha
Fotos: Ivana Rodríguez

El detonante

Tierra del Fuego vive uno de sus momentos más angustiantes de sus jóvenes 25 años. Desde hace más de setenta días, la provincia está inmersa en una encrucijada social y no encuentra salida a un grave conflicto institucional. El detonante fue un paquete de ocho leyes impulsado por el gobierno de Rosana Bertone y sancionado por la Legislatura fueguina en la madrugada del 9 de enero.

El contenido de estas medidas recorta derechos adquiridos, como la eliminación del 82% móvil; modificación de la edad jubilatoria y del cálculo del haber; recorte de salarios estatales, jubilaciones y pensiones a personas con discapacidad; eliminación del Instituto Provincial Autárquico Unificado de Seguridad Social –organismo previsional y obra social–; licuación de la millonaria deuda histórica que el Estado mantiene con la caja de jubilación provincial, que ronda los 3.500 millones de pesos; y disminución a las autonomías municipales.

Además, genera un brutal paquete impositivo que contempla impuestazo automotor e inmobiliario –subas entre el 600% y 1000%–, generación de nuevos gravámenes, creación de una Agencia de Recaudación Fiscal que incorpora atribuciones que le compete a la justicia, nuevo código fiscal y contrataciones directas sin el control de los organismos estatales.

Este paquete de leyes enviado por la gobernadora del Frente para la Victoria, a menos de un mes de haber asumido en su cargo, fue tratado y aprobado en la Legislatura en una fecha donde la mayoría de los habitantes de la provincia se encontraba fuera de la isla por el período vacacional. Sin embargo, a quienes estaban y quisieron presenciar la sesión, les fue prohibida la entrada al recinto legislativo.

Otra señal que reflejó la plena conciencia de los representantes del pueblo del impacto negativo de estas medidas fue un llamativo corte de la fibra óptica que restringió las comunicaciones dentro y fuera de la provincia. Para los memoriosos, este hecho recordó cuando, en junio de 2007, un corte similar sirvió para evitar la propagación de un audio clandestino de Rosana Bertone que acusaba a su compañero de fórmula de ese entonces, Hugo Cóccaro, de mandar “a matar gente”.

Desde el 9 de enero, los gremios comenzaron a protestar tibiamente y tomaron, como punto neurálgico de su lucha, las modificaciones al régimen jubilatorio. Pero con el correr de los días, y al conocer el contenido de las leyes votadas, comenzaron a exigir la derogación de todas las normativas aprobadas esa madrugada.

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El estallido

El 1 de marzo el conflicto explotó. En el inicio de las sesiones legislativas distintos gremios se trasladaron a la Legislatura provincial para reclamar una reunión con los parlamentarios y funcionarios del Ejecutivo fueguino.
Al no poder concretar ese encuentro, comenzó un plan de lucha que contempló un paro indeterminado, la conformación de una Unión de Gremios y Jubilados Estatales de Tierra del Fuego, integrada por 21 organizaciones, multitudinarias marchas de silencio, cortes de ruta y un acampe frente a la Casa de Gobierno. Esta última medida imposibilitó el normal funcionamiento de la sede del Ejecutivo provincial; por este motivo, la gobernadora Rosana Bertone trasladó su oficina a un hotel de la ciudad de Ushuaia.

En todo este tiempo el gobierno de la provincia apostó al desgaste de la protesta, y con sus dichos y acciones provocó y persiguió a gremialistas, estatales y jubilados que se adhirieron a las medidas de fuerza. Proponía dialogar pero se oponía a tratar los puntos por los que se reclamaba.

Esta intransigencia motivó la irritación de los manifestantes y distintas situaciones que pusieron en vilo la institucionalidad de la provincia. La primera de ellas fue un desalojo violento, por parte del sindicato de camioneros, de los estatales que cortaban el ingreso de la planta de YPF Orión –que asiste de combustible a toda la provincia– y que dejó el saldo de seis heridos.

La ausencia de personal policial para impedir ese choque, anunciado por redes sociales, despertó la suspicacia de una zona liberada, sospecha que se agudizó cuando, días más tarde, se conoció un video donde el líder de ese sindicato participaba de una reunión con miembros del gabinete provincial.

El otro episodio se vivió el 2 de mayo, en un acto donde se homenajeaba a los tripulantes de ARA General Belgrano, crucero hundido en la guerra de Malvinas. En ese acto, un grupo de manifestantes le solicitó al vicegobernador Juan Carlos Arcando una reunión. En una confusa situación, se generaron forcejeos y el funcionario provincial acusó a los gremialistas de querer “lincharlo”. Horas más tarde, durante la madrugada, la policía irrumpió en el domicilio de los cinco sospechosos, rompieron puertas y revolvieron sus casas, utilizando métodos que recordaron a los utilizados por la dictadura militar, acusaron las organizaciones y referentes de derechos humanos.

Este episodio retumbó en todos los rincones del país y generó distintas y multitudinarias marchas donde se exigió la liberación de los “detenidos por luchar”.

Luego de un día de estar incomunicados quedaron en libertad, pero con la desproporcionada restricción de acercarse a 100 metros de edificios públicos y de 15 funcionarios provinciales y policías, del grupo familiar de estos y de sus viviendas particulares; de participar de actos públicos y de transitar entre las 22 y las 6 de la mañana.

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El ahora

Tras meses de haberse iniciado la protesta, algunos gremios han decidido hacer un impasse, con la excusa de “reorganizar y replantear su estrategia de lucha”. Han aceptado un aumento de 2.500 pesos, a cuenta de futuros incrementos salariales, y desde el pasado 3 de mayo discuten con el gobierno alcances y modificaciones a los puntos del conflicto.

Para participar de esa mesa, el gobierno exigió el levantamiento del reclamo, medida que no fue acatada por agrupaciones duras como los docentes y municipales y algunas extracciones sindicales de judiciales y jubilados, quienes continúan con su acampe a la espera de la derogación de las leyes.

Sin embargo, Tierra del Fuego todavía sigue siendo una tierra en llamas, afectada por una protesta social sin precedentes en su joven historia. En el acampe continúan, todos los días, las asambleas y dos veces por semana se realizan multitudinarias marchas de silencio.

A pesar del intento del gobierno de retornar a alguna normalidad, quedan heridas muy profundas que costará curar. En todo este tiempo, el Ejecutivo fueguino apostó al desgaste, pero también dejó al descubierto su incapacidad de gestión y un preocupante autoritarismo.

2 comments

  1. Kuky Amado 17 mayo, 2016 at 06:55 Responder

    Muy buena reseña de estos terribles sucesos que creíamos en el pasado. es muy preocupante que justamente una autoridad proveniente de unfrente politico que desarrolló a nivel nacional un gobirno inclusorio sin precedentes en todos los ambitos, sea capaz de constituirse presicamente en su reverso… muy preocupante,,, acompañamos desde el norte a los compañeros fueguinos en su lucha , que es la nuestra…

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