Palacio del Congreso, donde no se debatió la Ley Antidespidos

Cuando la tibieza deja de ser negocio

El proyecto de ley antidespidos desestabiliza al gobierno, resquebraja al massismo y reacomoda las fichas en todas las fuerzas políticas.

Por Camila García

La sesión que prometía ser el primer triunfo de la oposición en el Congreso nacional fracasó por falta de quórum.

El Frente para la Victoria (FPV), el Bloque Justicialista, Libres del Sur y otros monobloques habían firmado un petitorio de sesión especial para que este jueves al mediodía sea tratado el proyecto de ley que declara la emergencia pública en materia ocupacional por el término de 180 días y la doble indemnización ante despidos injustificados. A último momento, el número mágico de 129 diputados solo llegó a 102. En cambio, el oficialismo y el Frente Renovador presentaron cada uno un dictamen de minoría y el debate se postergó hasta la semana que viene. Si se sancionara la ley que aprobó Senadores, el Estado nacional tendría la obligación de garantizar la estabilidad laboral de todos aquellos empleos estatales o privados por un plazo de seis meses. Si el miércoles se aprueba la ley, el gobierno nacional ya tiene encarpetada para el jueves la decisión administrativa para elevar el piso de ganancias a 30 mil pesos, tal y como proponían desde el massismo. ¿Casualidad o causalidad?

La suba de tarifas, la restricción de la demanda, la recesión, la inflación y el encarecimiento del salario del trabajador, sumados a los 127 mil despidos registrados, tornaron a la política oficial un guiso difícil de digerir para los sectores populares. La tregua de 90 días pactada entre el gobierno nacional y los empresarios no exige el cumplimiento por parte de las empresas ni fue un pacto rubricado legalmente por el Poder Ejecutivo.

Las posturas tibias, las medias tintas, parecen una estrategia poco inteligente para las fuerzas políticas opositoras en un escenario donde el macrismo obliga a tomar posición. Porque si de algo se encargó Cambiemos es de interpelar a todas las fuerzas políticas en sus más profundas razones de ser.

Sergio Massa, el mariscal del empate.

El problema más grande lo enfrenta el Frente Renovador de Sergio Massa y sus legisladores, quienes están ante la disyuntiva de ser oposición colaboracionista o asumir aquellas posturas que hacen frente a las decisiones del gobierno. Lo cierto es que hoy Massa y sus diputados se encuentran atrapados sin salida en el laberinto de la tibieza ideológica. Su condición de frente, que suma fuerzas de sectores trabajadores y empresariales, está a punto de quebrarse y la posible aprobación de esta ley podría ser la gota que rebalse ese vaso, ya que pone en disputa a los sectores que lo integran.

Con el objetivo de diferenciarse del FPV y de Cambiemos, Massa criticó el proyecto aprobado por Senadores al alegar que no se contempla el trabajo irregular. También promocionó la introducción de cambios al intentar sumar dos propuestas: la de excluir de la pena de doble indemnización a las pymes como incentivo para evitar despidos y la de incluir un proyecto de empleo para jóvenes y mayores de 50 años. Sin embargo, hasta el miércoles a último minuto casi que no pudo contener a Facundo Moyano y al ala sindical de su frente, la que durante los últimos días de marzo presentó un proyecto de ley en la Cámara Baja que contemplaba los 180 días de emergencia ocupacional y la doble indemnización para despidos sin justa causa. Dicho proyecto fue firmado y apoyado por diputados del FPV, como Héctor Recalde y Edgardo Depetri, así como por el dirigente del Partido Obrero Néstor Pitrola, entre muchos otros.

De lo mismo se ocupó la oposición en el Senado, que logró aprobar con mayor rapidez y una mayoría abultada un proyecto de ley antidespidos que contemplaba las mismas cuestiones que las propuestas por el diputado Moyano, pero con algunas diferencias mínimas que hacen más hincapié en la preservación del empleo público. Aun así, los dipu-sindicalistas de UNA-FR se dejaron convencer por el liderazgo de Massa, quien en privado admitió que iba a hacer lo que estuviera a su alcance para que su frente “no asista a la fiestita de cumpleaños del kirchnerismo”. Con esas palabras demostró haberse dejado seducir por las veleidades que seguramente ofreció Cambiemos, las mismas que seguramente utilizó al convencer al ala sindical de su frente para que no asista a la fiestita K. Lo cierto es que convenció a todos menos al diputado Héctor Daer, líder del gremio de sanidad y el único que bajó al recinto el miércoles.

Como toda postura tibia, todavía no queda claro si la importancia en el tratamiento de este proyecto es la preservación de los derechos del trabajador –independientemente de la fuerza política que auspicie la propuesta– o el posicionamiento político del massismo como principal fuerza de la oposición –con grandes pretensiones de liderazgo y conducción. De cualquier manera, no podrá liderar ningún proceso que pretenda resguardar los derechos del pueblo si sigue dejándose llevar por las voluntades de Cambiemos, que a cambio de fidelidad política negocia cargos nacionales en puestos de gestión y alguna que otra medida declamatoria que esté en la agenda mediática o sectorial.

Por su parte, el kirchnerismo de a poco va brindando señales de sumar voluntades para hacer frente a la embestida neoliberal del macrismo. Tal es así que firmó el proyecto del diputado Moyano. Sin embargo, el massismo sigue pivoteando entre sus pactos con el oficialismo y la necesidad de no perder el voto peronista popular y antikirchnerista. Tarde o temprano y más temprano que tarde deberá elegir en qué lugar estar a costo de perder su condición de frente, porque el sindicalismo ya dio claras señales de imponerle límites al gobierno nacional: la marcha del 29 de abril con la CGT y la CTA unida es un factor de poder que al macrismo sigue preocupándole y que con Massa conteniendo se hace soportable.

¿Pero cuánto podrá durar esta luna de miel? El miércoles se ganó la batalla pero todavía falta la guerra. Lo cierto es que, convencido por Cambiemos, el dirigente de Tigre logró torcer las intenciones de los sindicatos, pero solo hasta el miércoles, cuando el proyecto se trate en sesiones ordinarias y el massismo intente introducir los cambios sobre pymes y empleo joven. Si se aprueba, ¿será un triunfo del massismo o de las fuerzas políticas opositoras que unidas lograron torcer la voluntad neoliberal del gobierno de turno?

El proyecto

El proyecto de ley que se hubiese tratado el jueves pasado prohíbe, en uno de sus artículos más polémicos, todos los despidos sin justa causa en cualquier jurisdicción. Además, en casos en los que no se cumpla la ley laboral, los trabajadores podrán considerarse despedidos y ser beneficiados con una doble indemnización siempre y cuando acepten el fin de la relación laboral. Si no lo hacen, podrán recurrir a la vía judicial para ser reincorporados.

La iniciativa, que se considerará retroactiva a marzo de 2016, fue aprobada el pasado jueves 27 de abril por el Senado de la Nación con la abultada mayoría de 48 votos contra 16 votos partidarios del oficialismo.

El kirchnerismo considera que el problema de las pymes y el empleo joven son dos cuestiones que no deben estar excluidas del debate legislativo, pero que hoy hay que priorizar la conflictividad laboral con un proyecto que demuestre tener altas posibilidades de aprobación. Asimismo, sostienen que la incorporación de las exenciones impositivas a las pymes –a cambio de impedir los despidos– provocaría una complicación del veto, ya que el Presidente tiene facultades para vetar total o parcialmente; y que en caso de producirse un veto parcial se perdería el espíritu de la ley, ya que se dejarían sin efecto solo aquellos artículos que contemplen la abolición de los despidos y el pago de la doble indemnización que tanto quiere evitar el gobierno nacional.

Así lo expresó el senador Miguel Ángel Pichetto luego de la reunión privada que mantuvo con Massa hace dos lunes, cuando el líder del Frente Renovador se acercó al presidente del bloque de senadores del FPV en un intento por convencer al partido que lidera la oposición de agregar sus propuestas al proyecto.

Desde Cambiemos, las explicaciones son inciertas. Durante la sesión en la Cámara Alta, el senador Federico Pinedo se empeñó en brindar una definición tautológica y un tanto obvia para rechazar el proyecto: “Cuando hay desempleo lo que hay que hacer es generar empleo. Lo que queremos es que la mayor cantidad posible de habitantes de la Argentina tengan trabajo”. Entre lo que sucede y lo que hay que hacer no queda claro el cómo, pero según el gobierno hay que esperar unos meses, porque a partir del segundo trimestre la economía se reactivará y las inversiones productivas que vendrán generarán trabajo. No solo no se explica por qué las inversiones llegarán para entonces, sino que tampoco responden qué hay que hacer con la desocupación mientras tanto.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en declaraciones a radio Millenium, sostuvo que este proyecto no facilita ni mejora las condiciones de trabajo de los argentinos, ya que no resolvería la situación de aquellas personas con trabajo irregular, como así tampoco la situación de 1.200.000 desocupados. Sin embargo, se contradijo ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados al expresar que hay “una intención política de generar la percepción de una ola de despidos” y consideró que no hay una “crisis sino que lo que hay son situaciones particulares”.

En el debate, el oficialismo se pierde y evade contestar las críticas más urgentes que no tienen respuesta. En su intención por diferenciarse y ser el partido con verdadera vocación de centro, el massismo pende de un hilo. Y en la pulseada, los sectores vinculados a los trabajadores y a las clases populares están a un paso de abroquelarse y fortalecerse soslayando diferencias. Solo resta saber cuánto tiempo le queda a la política conciliatoria del massismo que pretende hacer política con la desesperación de 127 mil familias sin trabajo.

Foto: Miguel César. Publicada con Licencia Creative Commons 2.

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