Marcha Ley de Medios

El día del papelón

La Ley de Medios y una crónica de la mañana en que los funcionarios de Cambiemos hicieron agua en la OEA.

Por Gladys Stagno

 

La audiencia en Washington empezó seria y muy sólida. Los primeros 23 minutos anticipaban que la de ayer sería una mañana significativa con un debate trascendental. Esos minutos fueron utilizados por los representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Coalición por una Comunicación Democrática para exponer y resumir cómo los tres decretos del gobierno de Mauricio Macri que modificaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual atentan contra la libertad de expresión, información y comunicación. Claro que las expectativas de los presentes y de quienes seguían el evento en pantalla gigante desde el anexo de la Cámara de Diputados en Buenos Aires no contaban con los libretos del equipo de Cambiemos.

La audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), para analizar los aspectos regresivos de la política de medios dispuesta por el gobierno actual, fue convertida por la comitiva oficial en una nueva oportunidad para gambetear el asunto.

Primero fue Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, el encargado de presentar las medidas como parte de “un camino superador y moderno” en aras de “restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país”. Hasta ahí la cosa sonaba a preámbulo, pero a las 10.30 la mañana mordió el cordón y terminó en la banquina de los días vergonzantes.

Lo que siguió fue una retahíla de ejemplos aleatorios sobre las dificultades para el ejercicio de la profesión de periodista durante el gobierno kirchnerista, que se fue estirando a medida que los funcionarios tomaban el micrófono.

Las expectativas de los presentes y de quienes seguían el evento en pantalla gigante desde el anexo de la Cámara de Diputados en Buenos Aires no contaban con los libretos del equipo de Cambiemos.

Avruj habló de comunicadores “hostigados y encarcelados” –aunque olvidó los nombres–, hizo hincapié en “la distribución arbitraria” de la pauta oficial para ejercer “censura indirecta” sobre los medios “independientes” de sus antecesores, aseguró que “la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado”, resaltó que el presidente “ha dejado de utilizar la cadena nacional” y cerró –con el tono monocorde con que se toma lista– afirmando que la actual gestión “tiene como premisa fundamental garantizar la transferencia” –que, sin lapsus, quizá debió ser “transparencia”–. De los decretos, ni mu.

Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, levantó la apuesta al escapismo y sostuvo que fueron las circunstancias las que “llevaron a que el actual gobierno se encontrara ante la necesidad de modificar políticas y tácticas anteriores violatorias de la libertad de expresión”. Luego rompió una lanza en contra de lo que dio en llamar “la campaña contra un diario de gran circulación” impulsada por las “más altas autoridades del Estado”. A modo de ejemplos de tal persecución, recordó al entonces jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, partiendo en pedazos el diario en cuestión frente a las cámaras; el extraño caso del periodista twitero del Buenos Aires Herald Damián Pachter, quien huyó a Israel luego de haber informado de la muerte del fiscal Alberto Nisman antes de que lo supiera su familia y de alegar que temía por su vida; unos cables enredados en el auto de Nicolás Wiñazki; y hasta las vainas encontradas en la cuadra del edificio donde vivía Jorge Lanata.

Si desde el comienzo se percibía que habría una actitud evasiva por parte de los funcionarios a explicar los DNU y sus objetivos, a estas alturas quedaba claro que las respuestas no llegarían nunca. Los denunciantes presentes –entre los que se encontraban la rectora de la Universidad Nacional de Lanús, Ana Jaramillo, y Damián Loreti, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y el Sindicato Argentino de Televisión– escuchaban atónitos. Repuestos a medias de la indignación, reclamaron que la delegación del gobierno dilapidaba sus minutos en hablar de la gestión anterior y no respondía “una sola cosa”. “Hablan de diálogo pero intervinieron la autoridad federal con la policía, antes de publicar la medida en el Boletín Oficial”, sentenció Horacio Verbitsky, presidente del CELS y vocero del grupo. Desde la CIDH, su vicepresidente, Francisco Eguiguren, confesó estar preocupado por la concentración mediática propiciada por las nuevas disposiciones y también reclamó algún posicionamiento por parte de los funcionarios. Como si nada.

A las 10.30 la mañana mordió el cordón y terminó en la banquina de los días vergonzantes.

La puesta en escena dialoguista siguió y, tras la alocución de Eduardo Bertoni –director nacional de Protección de Datos Personales–, el presidente del flamante Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Miguel de Godoy, cerró la intervención del equipo oficialista con frases de señalador: pidió “no ver el futuro con un espejo retrovisor”, aconsejó “evitar ver la foto en lugar de toda la película” y concluyó afirmando que en esta gestión “ningún jefe de Gabinete va a romper un periódico”. Lo que no contestó es por qué los DNU acabaron con el Consejo Federal multisectorial que aportaba la voz de universidades, cooperativas y medios comunitarios al sector; cómo multiplicarán las voces si paralizaron los fondos de fomento (FOMECA) para esos medios; de qué manera pretenden garantizar el derecho a la información si la transmisión de contenidos de carácter público no es obligatoria; qué independencia ideológica se puede asegurar si el regulador, en lugar de ser autárquico, es un ente subordinado al control gubernamental con mayoría automática del Ejecutivo; y cómo evitarán la concentración de medios si otorgarán las licencias al mejor postor.

Silvana Giudici, directora del ENACOM, estuvo en la mesa pero no habló, aunque en la página oficial afirman que sí, y que estuvo muy elocuente.

Por su parte, desde la CIDH tomaron nota, alentaron al diálogo y aseguraron que esto recién empieza. Sin embargo, en la Coalición asumen que –si bien la intervención del organismo internacional es importante y seguirán sumando apoyos–, a juzgar por la actitud expresada desde Cambiemos, la batalla dependerá exclusivamente de qué tan fuerte sea la presión popular.

1 comment

  1. Duilio 10 abril, 2016 at 16:57 Responder

    Dependerá de la presión popular? Olvidate entonces. Somo un pueblo tan pelotudo que jamás se interesaría en cuestiones como estas mientras “la yegua” pueda sefuir siendo atacada. Y después la oligarquía se buscará otro objetivo para distraer a la gilada.

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