Escenarios circulares

A 14 años de la masacre de Avellaneda, trabajadores de una empresa recuperada son reprimidos y detenidos. El ajuste se garantiza por las malas.

Por Violeta Bentancor*

Puente Avellaneda, 26 de junio de 2002. Seis meses después del estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001, el pueblo sigue en la calle frente a un gobierno interino. “Si no hay botas, hay votos / juntitos sabemos lo bien que se llevan”, resuena, cerca, el estribillo del tema “Estofado”, de Arbolito. Maximiliano Kosteki y Darío Santillán son masacrados en la estación Avellaneda. 90 heridos, balas de plomo, cientos de detenidos.

Martínez, zona norte del Conurbano bonaerense. Primeros seis meses del macrismo en el gobierno. Han pasado 14 años –menos tres días– de lo que quedó en la historia como “la masacre de Avellaneda”. "Con el miedo bandera / la seguridad, nuevo Dios de esta era", dice Arbolito en otro momento de ese mismo tema musical. Ahora, los trabajadores de una empresa recuperada son reprimidos y detenidos arbitrariamente.

Lo que nos acontece

La Cooperativa de Trabajo Industria RB Limitada se dedicaba a la construcción de instrumentos y aparatos de medición, control náutico y automotor. La empresa, ubicada en la localidad bonaerense de Martínez, fue recuperada por sus trabajadores luego del cierre durante la crisis económica de 2001, cuando acordaron con los acreedores un plan de pago para mantener la maquinaria y las fuentes de trabajo.

Lo que nosotros entendemos es que se instaló un modelo que solo cierra con represión y que va a ir creciendo al nivel que la gente vaya saliendo a la calle. Mientras sean las organizaciones las que están, los niveles de represión van a ser unos, pero a medida que eso vaya creciendo y ya no sean solo los ‘organizados’ los que salen, los niveles van a crecer. Es la única forma que ellos tienen de garantizar y seguir extrayendo la guita de nuestro pueblo.Santiago Aragón, miembro de la CTEP Recuperadas.

Hace poco más de dos semanas la justicia provincial ordenó el desalojo, como ya había sucedido en otras oportunidades. Los trabajadores acataron pacíficamente la orden del juez Orlando Abel Díaz, a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de San Isidro. El pasado 23 de junio, los laburantes decidieron volver a ocupar sus puestos para evitar que se repitieran viejas postales. En situaciones anteriores de similares características, al volver al inmueble faltaban maquinarias o algunas las encontraron rotas. El acceso de los trabajadores a los puestos de trabajo está garantizado por la Ley de Expropiación que fue sancionada en 2007 por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y aún se encuentra vigente.

Sin embargo, el 23, un dispositivo de seguridad reprimió y detuvo de manera violenta a una decena de trabajadores y militantes sociales que fueron trasladados a diferentes comisarías de la zona de San Isidro y liberados horas después. De tres de ellos no se supo, durante varias horas, cuál había sido su destino.

Santiago Aragón es miembro de la CTEP Recuperadas (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) y del MNER (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas). Fue uno de los detenidos. “La del jueves no fue una orden de desalojo, ahí hubo otra orden que tenía más que ver con reprimir y detener. En los desalojos anteriores nosotros pacíficamente nos retiramos; los trabajadores no somos violentos. En este caso no querían desalojar, sino que buscaban reprimir y llevarnos presos”, explicó.

“Nosotros vamos a insistir, tenemos una ley que está vigente hasta el 2017 que vamos a hacer cumplir, la jueza Hualde del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 9 tiene que hacer cumplir la ley, y el juez de garantías Díaz tiene que cumplirla también. No tendríamos por qué tener estos problemas”, afirmó.

Para Aragón lo que sucede tiene que ver “con el momento que se vive, con las definiciones políticas”. El referente social recuerda que en los años anteriores ante situaciones similares no enfrentaron estos problemas, y destaca que este año “así viene la mano”: “Lo que nosotros entendemos es que se instaló un modelo que solo cierra con represión y que va a ir creciendo al nivel que la gente vaya saliendo a la calle. Mientras sean las organizaciones las que están, los niveles de represión van a ser unos, pero a medida que eso vaya creciendo y ya no sean solo los ‘organizados’ los que salen, los niveles van a crecer. Es la única forma que ellos tienen de garantizar y seguir extrayendo la guita de nuestro pueblo”.

Desde la CTEP destacan el crecimiento de las experiencias multisectoriales, de buscar caminos de construcción más amplios. “El tarifazo es para todos, la apertura de importaciones es para todos, el quedarse sin trabajo es para todos, que lo que a vos te cuesta ganar horrores se vaya más rápido y tengas menos plata en el bolsillo es para todos; y eso no tiene bandera ni color político; lo que viene sucediendo es contra los trabajadores y a favor de los empresarios y particularmente a favor de las corporaciones, y puntualmente a favor de los bancos”.

“Lo que generamos como pueblo es la única forma de enfrentar esos ajustes, todos juntos como pueblo y en un solo puño”, concluyó Aragón.

Lo que nos aconteció

El miércoles 26 de junio de 2002, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón decidió realizar cortes en puntos neurálgicos de la ciudad de Buenos Aires y del Conurbano para visibilizar la lucha que llevaban adelante frente una realidad de pobreza, exclusión y desocupación. La decisión de los gobiernos de turno –en Nación, encabezado por Eduardo Duhalde, y en provincia de Buenos Aires, por Felipe Solá– era “aleccionar” al movimiento piquetero.

En ese contexto asesinan a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán. Ese 26 de junio de hace 14 años dos jóvenes son masacrados en la estación de tren de la localidad bonaerense de Avellaneda a manos de las fuerzas de seguridad públicas y con el aval del Estado. Los autores materiales de estos crímenes fueron condenados años después; los autores intelectuales siguen en la rotativa de la política nacional.

En estos últimos meses se ha venido profundizando lo que ha sido una política represiva histórica del Estado argentino bajo cualquiera de sus gobiernos, pero que hoy tiene una dimensión como hace muchas décadas no veíamos.María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la CORREPI

Como cada año desde ese momento, una multitud se reúne para recordar a los compañeros presentes en la lucha. Actividades culturales, debates, vigilia, radio abierta y la movilización que va desde la actual estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki del ferrocarril Roca –ex estación Avellaneda– hacia el Puente Pueyrredón, forman parte de un rito sagrado para la militancia social.

Este año la jornada se da “en un contexto donde son necesarias muestras de ética política militante –remarca Federico Orchani, referente del Frente Popular Darío Santillán (FPDS)–. Atravesamos un contexto que demanda que la militancia se junte. A un nuevo aniversario de Maxi y Darío se renueva el reclamo de justicia pero también se plantean nuevos desafíos y se ponen en común nuevas esperanzas”.

Uno de los paneles más destacados de las actividades que se realizaron en la previa al aniversario de la masacre de Avellaneda en el anfiteatro de la estación se denominó “Derechos Humanos de ayer y hoy”, y estuvo integrado por Cachito Fukman, de la Asociación de ex detenidos desaparecidos; Matías Levonian, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); Agustín Lecchi, delegado del nuevo sindicato de prensa Sipreba; Norberto Señor, de ATE Sur; y Mariana Gerardi, de la Comisión Justicia por Darío y Maxi. Orchani describe que durante este panel se analizó cómo pararse “ante esta ofensiva conservadora y derechista tan cruda”.

“No solo desarrolla una transferencia de ingresos brutal desde los sectores populares a los más concentrados de la economía mediante la devaluación, el aumento de las tarifas, el crecimiento de la pobreza, sino que además está preparado para llevar ese ajuste de la forma más cruda, con el protocolo antipiquete, con el fallo de la Corte Suprema que cercena el derecho a huelga, con el decreto que le devuelve autonomía a las Fuerzas Armadas. Y todo esto en muy poquito tiempo. Ha sido la política más cruda y más concreta del gobierno de Macri”, sostiene Orchani.

“Hay que entender que hay una ofensiva conservadora o neoconservadora en toda la región, eso hay que tenerlo claro y frente a eso no hay que dudar y hay que unirse. Nos tocan a uno, nos tocan a todos –sentenció el referente del FPDS–. Maxi y Darío viven en las luchas, y en las luchas nos encontramos todos. Podrá haber diferencias normales y discusiones políticas que hacen al proyecto que queremos construir, pero en términos de resistir cualquier embate, o cuando se criminaliza o se judicializa la protesta social, ahí no hay que dudar y tenemos que estar todos juntos haciendo fuerza”.

 

El escenario circular

“Llegamos a este aniversario indudablemente en un escenario que si bien tiene tremendas diferencias con aquel de 2002, tiene las mismas o mayores urgencias en algunos aspectos y por sobre todas las cosas tiene la enorme vigencia de la lucha de los compañeros –así trazó el paralelo entre estos 14 años María del Carmen Verdú, abogada e integrante de la CORREPI–. En estos últimos meses se ha venido profundizando lo que ha sido una política represiva histórica del Estado argentino bajo cualquiera de sus gobiernos, pero que hoy tiene una dimensión como hace muchas décadas no veíamos”.

“Lo imprescindible si queremos mantener vivo el recuerdo de los compañeros, lo que nos urge es tomar por las astas los problemas del aquí y del ahora que tienen tantísimo que ver en la actual coyuntura con la cuestión de las detenciones arbitrarias, la represión de los trabajadores organizados, con la necesidad de tener cada vez más fuerza colectiva para enfrentar los problemas que acucian en forma transversal a toda la clase trabajadora y que requieren en esta instancia de la mayor unidad, organización y, por sobre todas las cosas, fuerza para rever las peleas”, sentenció.

Durante la investigación judicial por los asesinatos de Darío y Maxi, se logró –en 2006– la condena a prisión perpetua del ex comisario Luis Fanchiotti y del ex cabo Alejandro Acosta, ambos autores materiales de los hechos. También se obtuvieron penas menores para otros efectivos que intervinieron visiblemente en la cacería, como Leiva y Robledo. Al tiempo, estos últimos fueron liberados. En 2014, con mucho esfuerzo de las organizaciones se pudo desarchivar la causa cerrada contra los que ocupaban los espacios de poder en el Ejecutivo nacional y de la provincia de Buenos Aires, y en las estructuras de inteligencia: Eduardo Duhalde, Felipe Solá, Juan José Álvarez, Carlos Soria, Alfredo Atanasof, Jorge Vanossi, Aníbal Fernández, Jorge Matzkin, Luis Genoud y Oscar Rodríguez.

Verdú explicó que “los datos concretos para poder avanzar en las responsabilidades políticas surgen de la causa anterior, y no es necesario reproducirlos uno por uno en esta; el esfuerzo está puesto en este momento en hacer avanzar esa causa, el hecho ya está investigado. No es necesario ser un magistrado con tres o cuatro títulos para entender que tres fuerzas federales y una fuerza provincial no actúan de conjunto porque tres comisarios y un prefecto se pusieron de acuerdo, sino porque había un mando unificado, y ese mando unificado era el gobierno nacional. Si queremos avanzar como se quiere en esta causa, lo vamos a tener que hacer a fuerza de empuje y de presión en la calle, porque no es dentro de los despachos oficiales donde se ganan estas batallas”.

* Los contenidos de esta nota fueron elaborados a partir de entrevistas realizadas en el programa Cosas de Botica que se emite por FM La Tribu, los sábados a las 20 horas.

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