Comenzó el tercer tramo del juicio de la causa ABO

Durante casi un año más de 300 personas se acercarán a Comodoro Py para atestiguar por delitos cometidos en el circuito Atlético, Banco y Olimpo.

Por Violeta Bentancor

Gabriela Sosti, fiscal ad hoc en juicios de lesa humanidad, detalló las particularidades de esta nueva etapa legal que juzga los delitos cometidos en el circuito clandestino de represión que funcionaba sucesivamente en el Atlético, Banco y Olimpo. La primera audiencia pública comienza hoy a las 10.30, y las siguientes serán los martes a las 8.30 y los miércoles a las 9 en los tribunales de Comodoro Py.

¿Qué centros cubre el juicio que comenzó y quiénes están imputados?

Este es el tercer tramo, hubo dos juicios anteriores por el circuito concentratorio ABO, donde hubo otros imputados. En esta oportunidad los represores que se juzgan que no fueron juzgados en otras oportunidades son miembros de las fuerzas conjuntas.

El genocidio tenía como designio el rediseño social, para ello los represores determinaron y recortaron del entramado de la población a un sector, lo que convirtieron y caracterizaron como enemigo a destruir, a aniquilar.

En estos centros clandestinos operaron las fuerzas conjuntas del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal, Gendarmería y Ejército. Los imputados son: Héctor Horacio Marc, Eduardo Ángel Cruz, Juan Miguel Méndez, Raimundo Oscar Izzi, Juan Carlos Chacra, Carlos Alberto Lorenzatti, Alfredo Omar Feito, Gerardo Jorge Arráez y Ricardo Valdivia.

La cantidad de víctimas en total son aproximadamente 353; a todos se los juzga por privaciones ilegales de la libertad y tormento, y se los imputa por el homicidio de 19 casos.

¿Qué podríamos destacar como particularidad en este juicio?

La prueba fundamental es el testimonio, la documentación es escasa. El exterminio se pudo perpetrar gracias a la previsión de impunidad, con lo cual la documentación sobre lo sucedido, si bien podemos inferir que existe, no se pudo encontrar; de modo tal que lo central es el testimonio de sobrevivientes y familiares.

El genocidio tenía como designio el rediseño social, para ello los represores determinaron y recortaron del entramado de la población a un sector, lo que convirtieron y caracterizaron como enemigo a destruir, a aniquilar.

En estos centros clandestinos el grueso de las desapariciones y de los secuestros estuvo abocado a sectores del sindicalismo, estudiantes secundarios y universitarios, militantes religiosos, barriales y villeros, agrupados en colectivos políticos como la UES, la JUP, JP, la JTP, Montoneros; sectores de izquierda como la Juventud Guevarista, el PCML, Resistencia Libertaria, Cristianos para la Liberación; una serie de colectivos políticos que de alguna manera se enfrentaban a esa dictadura genocida. No pienso que haya casos que se destaquen unos sobre otros, lo importante y destacable es que el grueso de las víctimas han sido una generación de jóvenes, salvo en algunos casos no tan jóvenes, que se han exterminado.

¿Se prevé una duración de este juicio? ¿Cómo están integradas las partes de la justicia que intervienen?

Los juicios de lesa humanidad suelen durar bastantes audiencias, porque se los considera megajuicios, donde prestan su testimonio muchas personas. En nuestro caso hay aproximadamente unas 300 personas que van a testimoniar, por lo que calculamos que el juicio puede durar hasta mediados del año que viene.

El tribunal interviniente es el Tribunal Oral Federal No 2, que es el mismo que estuvo en los tramos anteriores. Las partes son las querellas, los defensores oficiales y la fiscalía. Las querellas están encabezadas por el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos.

¿Cómo podemos describir el contexto que recibe este nuevo tramo del juicio por la causa ABO?

Este juicio comienza en un contexto bastante particular, diferente al momento histórico precedente. Si bien la responsabilidad debe ser asumida por los funcionarios del poder judicial, lo cierto es que el contexto político no es el más propicio, sobre todo teniendo en cuenta que se ha retramado un discurso en la sociedad bastante imperativo encaminado a terminar con estos juicios, encaminado a pensar a los represores, a estos empleados de aquel Estado asesino, como víctimas de persecución política.

Estamos ante un contexto donde hay una gran cantidad de pedidos de prisión domiciliaria y una inquietante aceptación por parte de los tribunales y los jueces de hacer lugar a esas prisiones; de modo tal que es un escenario bastante particular que nos enfrenta al desafío de poder conseguir no solo las condenas que corresponden sino de respetar el derecho a la verdad y a la memoria, y poder dar cuenta de lo que ha pasado en aquel momento histórico donde imperó el horror.

¿Qué valoración podemos hacer de los procesos legales que se llevan adelante contra delitos de lesa humanidad?

Los juicios son el resultado de reclamos históricos que hicieron los colectivos de derechos humanos desde el final de la dictadura, por eso es importante sostenerlos, por eso es importante en este momento volver a militarlos.

La importancia de estos procesos y su consiguiente difusión es porque son los juicios a la historia, la muestra de la enorme dimensión ética que ha tenido el Estado en determinado momento desde el inicio de estas causas; la decisión de autojuzgarse, de mirar el pasado y reconocer que en determinado momento ese mismo Estado se transformó en una bestia devoradora y que ahora debe ser juzgado.

Los juicios son el resultado de reclamos históricos que hicieron los colectivos de derechos humanos desde el final de la dictadura, por eso es importante sostenerlos, por eso es importante en este momento volver a militarlos.

Los juicios son fundamentales porque los delitos de lesa humanidad son los delitos más tremendos que puede sufrir la comunidad en cualquier sociedad; por eso son declarados de esa manera por la comunidad internacional. Los delitos de lesa humanidad son cometidos por el Estado, ese Estado que debe proteger a la población y en determinado momento elige atacarla, exterminarla; por eso deben ser juzgados en todo tiempo y lugar, por eso son imprescriptibles.

Al decir que dignifica institucionalmente a nuestro país estoy justificando por qué deben ser sostenidos y defendidos por la sociedad toda, en ese sentido es importante que se difundan, que la gente se apropie de las audiencias, que son públicas. Los jueces y los funcionarios judiciales son empleados del pueblo, así que la sociedad toda tiene derecho a saber qué paso y también tiene cierta responsabilidad en el sostenimiento de esto que fue conquistado en su momento y que no se debe flaquear, esa bandera hay que levantarla de manera permanente.

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