Reagrupar fuerzas

En estos tiempos dos palabras que han copado la escena, aunque a lo largo de la historia jamás han dejado de ser protagonistas, son seguridad y emergencia.

La curiosidad de estos cronistas se dirige a una de las fuentes universales que dan definiciones: el diccionario de la Real Academia Española. Al buscar en sus páginas esto encontramos:

 

Seguridad: Del lat. securĭtas, -ātis.

  1. f. Cualidad de seguro (Seguro: 1. adj. Libre y exento de riesgo. / 2. adj. Cierto, indubitable. / 3. m. Seguridad, certeza, confianza. / 4. m. Lugar o sitio libre de todo peligro. )
  2. f. Servicio encargado de la seguridad de una persona, de una empresa, de un edificio, etc. Llama a seguridad.
  3. f. desus. Fianza u obligación de indemnidad a favor de alguien.

Emergencia: Der. del lat. emergens, -entis 'emergente'.

  1. f. Suceso, accidente que sobreviene.
  2. f. Situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata.
  3. de emergencia: loc. adj. Que se lleva a cabo o sirve para salir de una situación de apuro o peligro.

Repasados ambos conceptos en sus definiciones de origen, bajamos a la realidad, a lo que sucede día a día en la Argentina con la implementación de políticas basadas en estos términos.
En el primer trimestre de su gestión, el gobierno nacional que encabezan Mauricio Macri y Gabriela Michetti se ha propuesto cumplir con una de las promesas más resonantes de su campaña: la seguridad de los argentinos.


Si realizamos un pequeño repaso del proceder del gobierno en esta materia, uno de los primeros hechos tiene fecha el 5 de enero de 2016. Ese día, el presidente de la nación y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, firmaron el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esta manera, más de 20 mil efectivos uniformados estarán dentro de un año bajo el mando de Rodríguez Larreta. Mauricio Macri sostuvo que esta medida surge de la necesidad que tiene esta ciudad de “volver a ser una de las más seguras del mundo”.

María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), al aludir a este tema recuerda que “uno de los conceptos más claros lo dio el propio Macri cuando hizo el anuncio de la firma del acuerdo, en un momento, dijo algo así como: ‘Si hasta ahora, perteneciendo a gobiernos diferentes, dirigidos por fuerzas políticas que eran contrincantes entre sí como el macrismo y el kirchnerismo, habíamos logrado exitosos operativos conjuntos entre la Federal y la Metropolitana, imagínense ahora que va a ser una misma fuerza’”.

Entre los operativos más destacados a los que se refiere la doctora Verdú se encuentran: el Parque Indoamericano con tres muertos; la represión en el Hospital Borda a periodistas, pacientes y enfermeras, quienes no solamente fueron apaleados y baleados sino también encausados; y el violento intento de desalojo de la Sala Alberdi del 13 de marzo de 2013.

En diálogo con La Hilacha, la abogada Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC), plantea ciertos tópicos característicos de la política macrista: “Uno de los más suaves puede ser el embellecimiento de las plazas del centro de la ciudad, y otro, el gran problema de los porteños o de las personas que transitamos en esta ciudad, es la seguridad. Ese es un problema ficticio y creado, porque en realidad Buenos Aires, se ha dicho innumerables veces, no es una ciudad que tenga problemas de violencia tan graves como se presenta en oportunidades, y por supuesto esa presentación es siempre electoral, una vez que ganan no hay más problemas de violencia, se terminaron los caso graves, la violencia, etcétera”.

Durante el encuentro con la redacción de La Hilacha, María del Carmen Verdú, quien también es militante de la Izquierda Revolucionaria, sugirió cómo ubicarnos para analizar este traspaso: “Estamos hablando de un territorio chico en términos de tamaño y con una población de no más de tres millones de habitantes según los censos más recientes, que de pronto se va a encontrar con una fuerza unificada, con más de 21 mil efectivos, porque son 17 o 18 mil los que se transfieren de la Federal más los 6.500 que ya tenía la Metropolitana; si a eso además se suma la presencia de Gendarmería y de Prefectura, más los servicios de seguridad privada que trabajan en coordinación con la policía, estamos ante un ejército de ocupación de cuatro o cinco colores de uniformes diferentes que genera, además, una proporción habitante/policía superior a la de los países más militarizados del planeta […] Existe un puño cerrado que controla un poder de fuego unificado como nunca antes vimos en nuestro país, por lo menos en los últimos treinta años. Eso no es cosa menor”, resume la representante de CORREPI.

“Me preocupa mucho qué tareas le dan a la Policía Federal o a la Policía Metropolitana, en términos de disciplinamiento social, de control poblacional; una serie de medidas que están tomando a partir del Decreto de Emergencia de Seguridad y antes también, sin ninguna norma legal que los autorice”, agrega Cesaroni.

Maria del Carmen Verdú - Abogada - Integrante de CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

Maria del Carmen Verdú - Abogada - Integrante de CORREPI - Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional


Otro momento a destacar tuvo sus primeros indicios a mediados de diciembre de 2015, apenas siete días después de la asunción del nuevo gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con sus pares provinciales. Tras este encuentro informaron que sería declarada la Emergencia de Seguridad a nivel nacional.

“La primera consecuencia que trae la declaración de Emergencia en Seguridad en cualquier área es que el Poder Ejecutivo, para todo lo que signifique temas relacionados con el motivo de la declaración, no necesita consultar a nadie, ni puede ser controlado por nadie para mover plata de lugar, es decir, es fundamentalmente un tema de manejo de caja. Si el punto es la emergencia en seguridad (en el decreto publicado lo dice expresamente), entonces los poderes ejecutivos nacional y de las provincias que adhieran pueden libremente transferir partidas presupuestarias de asuntos poco importantes, como salud, vivienda, educación, previsión social, esas cosas que a nadie interesan, y volcarlas al presupuesto de seguridad”, explica durante la entrevista con La Hilacha la abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú.

Claudia Cesaroni describe parte de la gravedad de esta medida al referirse a “los estados de excepción que empiezan por dirigirse a algunos grupos en particular pero después avanzan sobre todos; no hay límites a la excepcionalidad. Los riesgos, los derechos vulnerados, empiezan por el más importante, la vida, la integridad física”.

Claudia Cesaroni - Abogada - Integrante del CEPOC - Centro de Estudios de Política Criminal y de Derechos humanos

Claudia Cesaroni - Abogada - Integrante del CEPOC - Centro de Estudios de Política Criminal y de Derechos humanos


Poco más de un mes pasó, y el 22 de enero de 2016, el gobierno nacional oficializó el decreto 228/16 de Emergencia en Seguridad Pública , que estará vigente por un plazo de 365 días con la posibilidad de ser prorrogado al finalizar dicho plazo. Fuentes oficiales aseguran que con esta iniciativa se busca “revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico”.

María del Carmen Verdú aclara que “además de esto que todo el mundo discutió y de la Ley de Derribo, hay un punto gravísimo y es que se autoriza a los ministerios de Seguridad nacional o provinciales que adhieran a recontratar policías retirados. Y ahí se esconde una gran trampa: no pueden ser recontratados quienes hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o que hayan sido exonerados con sanción disciplinaria. ¿Dónde está la trampa? Ni el gatillo fácil, ni la tortura en comisarías, ni la desaparición forzada en democracia son considerados delitos de lesa humanidad por los tribunales argentinos hoy”.

Y añade que “otra cuestión que también ha pasado bastante inadvertida es que se genera un banco común de datos de inteligencia de todas las fuerzas, que ahora van a funcionar en forma articulada”.


Para asesorarse acerca de las detenciones policiales y la violencia institucional, se puede acceder a las siguientes organizaciones:

Al momento de redactar este artículo, el último anuncio de esta índole realizado por el Ejecutivo Nacional fue el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas, con fecha del 17 de febrero de 2016. Con esta medida, aprobada por el Consejo de Seguridad Interior, la cartera que encabeza Patricia Bullrich buscará “establecer un nuevo paradigma que genere cierto orden en la sociedad”.
Esto concreta lo anunciado a fines de 2015 por el jefe de Gabinete de la nación, Marcos Peña, acerca de una reglamentación para evitar que los cortes afecten la libre circulación. En dicha oportunidad Peña había destacado la importancia de un protocolo para que exista “previsibilidad y reglas claras para todos en las protestas”.
En una nota publicada el pasado 18 de febrero en el portal Cosecha Roja, el doctor en Antropología Alejandro Grimson aseguró que el nuevo protocolo de regulación de la protesta social responde a un pedido que cuenta con apoyo de amplios sectores de la sociedad, “el silencio militante a favor de la represión que ha sido muy relevante en la Argentina y que ha legitimado las dictaduras”.

Para Claudia Cesaroni, integrante del CEPOC, “estos avances son muy peligrosos y no tienen límites, tiran”.

Este es el escenario, un panorama que la doctora Verdú define del siguiente modo: “Digamos que andamos todos en alpargatas y ojotas y supongo que nos pasaremos en zapatillas porque estamos y estaremos en la calle todos los días de nuestra vida”.

A lo que Cesaroni completa con: “Más allá de lo que la cabeza del Estado pueda decidir como política, todo ese río de trabajadores, de compañeros, de militantes, que trabajamos, trabajan, trabajaron en algún momento en el Estado son solidarios y acompañan; y eso hace distinta la solución en algunos temas cuando sos víctima o cuando vas a reclamar. Están disolviendo todo eso. Y entonces claro, adónde vas a ir. Es más difícil encontrar ese espacio. Hay que volver a crear esa especie de Estado paralelo lamentablemente que son las organizaciones, lamentablemente porque uno pretende que esa función la cumpla el propio Estado”.

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